Por fraude a Hacienda
Anticorrupción pide 48 años para el expresidente de Damm
Podrían hacer frente a multas millonarias por ocultar patrimonio desde 2001 e indemnizar al Estado y a Comunidad de Madrid con 72 millones.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este jueves en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la apertura de juicio oral contra el que fuera presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll; su hijo y actual presidente, Demetrio Carceller Arce y otras dos personas como responsables de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales. Se solicitan 48 años y seis meses de prisión para el primero y 14 para el segundo.
En el escrito se señala igualmente una responsabilidad civil de más de 72 millones de euros por fraudes a la Hacienda Pública Estatal y a la de la Comunidad Autónoma de Madrid a la que deberán responder solidariamente los cuatro acusados, que además de los ya señalados son José Luis Serrano Florez, hombre de confianza de Carceller Coll, y el asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen.
El pasado 11 de septiembre, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó un auto señalando que veía motivos suficientes para juzgarles por defraudar presuntamente 72,04 millones a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales.
En concreto, el juez detallaba que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio
El escrito de Anticorrupción, de 42 páginas, detalla que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".
Así, el expresidente de la cervecera ha ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.
Añade que, con este fin, utilizó "un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas Neerlandesas y Madeira. Dicho entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Gabriel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodo "Jardines".
Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución "tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.
Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su "mano derecha", su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.
