El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno sin consenso y entre reproches de opacidad y partidismo. El proyecto 'estrella' del Gobierno para la regeneración democrática ha salido adelante con el apoyo del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria y los votos en contra del PSOE, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), UPyD y parte del grupo mixto (Amaiur, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai).

Su principal impulsora, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha prometido "no descansar en el trámite del Senado para que puedan incorporarse más" grupos, en especial el PSOE, que se descolgó en la recta final de la tramitación tras romper sus relaciones con el PP por el caso Bárcenas.

Hoy el ponente socialista Enrique Serrano ha reconocido el "trabajo silencioso" y de "aproximación discreta durante meses" que ha tenido con el Gobierno, "incluso en circunstancias difíciles", para pactar esta ley, pero ha insistido en que la "obstaculización" del PP a las iniciativas de control al Gobierno del caso Bárcenas impide al PSOE apoyarla.

Sin mencionar a Bárcenas, Serrano ha dicho que desde julio el PP mantiene una "contradicción insalvable" entre esa obstaculización y la apelación a la Ley de Transparencia como "bálsamo" de todos los males. La falta de explicaciones que, según la oposición, ha dado el Gobierno sobre este caso y el rechazo continuo del PP a sus iniciativas sobre el asunto llevó hace dos meses, no sólo a los diputados socialistas, sino también a los de la Izquierda Plural y grupo mixto, a no participar en los trabajos de la ponencia.

Los populares tuvieron entonces como único interlocutor para negociar enmiendas al representante de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, reuniones a las que al final también se sumaron CiU y el PNV. En su intervención, el ponente del PP Esteban González Pons ha arremetido contra los socialistas y les ha acusado de cometer un "error histórico" y de "preferir que la corrupción siga viva con tal de que sólo mate al contrario".

Durante el debate, no todos los grupos que han apoyado la ley se han mostrado entusiasmados con ella. El ponente del PNV, Emilio Olabarria, ha advertido de que su voto favorable no significa "adhesión" a la "operación de diseño" que, a su juicio, pretende llevar a cabo el Gobierno con esta ley. En nombre de CiU, Jordi Jané, ha opinado que en el texto que se remite al Senado hay "demasiados límites" al derecho de acceso a la información y que habría que introducir excepciones al silencio negativo de la administración.