Las acusaciones del caso 'papeles de Bárcenas' se ponen manos a la obra tras la revelaciones del extesorero el pasado 15 de julio en sede judicial. Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción han pedido este martes a la Audiencia Nacional que practique 39 nuevas diligencias directamente relacionadas con las confesiones de Luis Bárcenas, entre ellas, que se registre su domicilio de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, donde el exsenador aseguró que todavía tenía documentación relevante sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular.

Además, en su escrito, piden al juzgado que se requiera a todas las compañías telefónicas que operan en España "los tráficos de llamada (de los años que se conserven) y demás datos asociados, de los hoy imputados", en particular los de Luis Bárcenas. Con esta diligencia, explican las acusaciones, "se podrá tener un mejor conocimiento de la actividad desplegada por el imputado, en los últimos dos años, en relación con el ocultamiento de ingentes cantidades de dinero que habría percibido en los años objeto de la presente investigación".

Otra de las diligencias más llamativas es que reclamar al Registro Mercantil Central aporte toda la documentación disponible de las tres empresas ficticias que, según Bárcenas, el Partido Popular usó hasta los años 90 para blanquear el dinero negro de los donantes. Se trata de Ediciones Cono Sur, Ibérica de firmes y Vídeo Soluciones.

El escrito incluye, además, una larguísima lista de nuevos interrogatorios de testigos, la mayor parte citados por el propio Bárcenas en su declaración, entre otros: Pedro Arriola, el asesor electoral del PP acusado por el extesorero de haber recibido pagos en negro; Rosendo Naseiro, extesorero del PP de quien Bárcenas dijo que heredó el sistema de caja B; Rosalía Iglesias, esposa del exsenador, para que aclare la entrevista entre el imputado y Mariano Rajoy y Javier Arenas; los gerentes y tesoreros del PP vasco entre 1999 y 2005 para que expliquen la compra de la sede de Vizcaya; Severo Matías Moto, de quien Bárcenas dijo que el PP había pagado en B parte de su campaña; José Manuel Fernández Norniella, quien fuera secretario de Estado de Comercio y Turismo; José Cañas Cañada, gerente del PP de Castilla-La Mancha en el año 2007; Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado de Comunicación; Isabel Tenaille; el exministro Federico Trillo; José Manuel Romay Becaria, tesorero del Partido Popular desde el 8 de abril de 2010 hasta marzo del 2012; o Javier Arenas, secretario general del Partido Popular entre 1999 y 2003.

Asimismo piden careos entre el propio Bárcenas y algunos de los empresarios citados en la contabilidad B como donantes y que han negado cualquier pago en negro, entre ellos Luis del Rivero, Juan Miguel Villar Mir o José María Mayor Oreja.

Entre las demandas de información, también hay una batería de preguntas para aclarar el contrato de la mercantil Sufi con el Ayuntamiento de Toledo para el servicio de recogida de basuras, que Bárcenas aseguró que fue fruto de una comisión.

Izquierda Unida y demás acusaciones también quieren que el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional pida al Tribunal de Cuentas la relación de gastos de campaña informados a ese Tribunal por el Partido Popular desde el año 2002 "y para los diferentes procesos electorales habidos desde entonces, en especial respecto a las Elecciones al Parlamento de Galicia de 2001, Elecciones Autonómicas y Locales de 2007, Elecciones Generales y Autonómicas en Andalucía del año 2008 y las Elecciones Generales de Noviembre de 2011".