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Nacional

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma que juzgará a los 20 acusados por el asedio al Parlament

Los manifestantes se enfrentan a peticiones de hasta ocho años y medio de cárcel.

La Audiencia Nacional ha confirmado que juzgará a los 20 manifestantes acusados de participar en el asedio al Parlamento de Cataluña, que se enfrentan a penas de cárcel que van desde los tres hasta los ocho años y medio de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. 

Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el que se rechazan los recursos presentados por las defensas contra el auto de transformación en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, que el juez Eloy Velasco dictó el pasado 3 de abril.

La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Paloma González, señala que la participación de los acusados en los hechos que se les imputan parece demostrada "a la vista de lo pormenorizado y detallado" del auto del instructor, en el que se enumeraban "las acciones que llevaron a cabo cada uno de los implicados".

Hasta ocho años de cárcel

La fiscal de la Audiencia Nacional Teresa Sandoval solicita cinco años y medio de cárcel para los acusados, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban entrar en la cámara. Les atribuye a los acusados un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad.

El Parlamento catalán pide tres años de cárcel para los acusados por el primer delito, mientras que la Generalitat solicita la misma pena para cuatro de ellos. Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, solicita ocho años y medio de cárcel.

Insultos

Entre los hechos que describe la Fiscalía en su escrito de acusación se encuentra el acoso al que fue sometido el presidente de la Generalitat, cuyo vehículo fue interceptado en unas vías del tranvía cuando era trasladado a la sede del Parlament. Uno de los imputados encaró el vehículo oficial colocando sus manos encima del capó, al que se subió y empezó a golpear.

Unos metros más adelante, el coche de Mas fue nuevamente golpeado y uno de los manifestantes trató de abrir la puerta del coche, lo que no pudo conseguir por tener conectado el cierre centralizado; al no lograrlo, arrojó un cono de plástico contra uno de los vehículos de la comitiva, que buscaron un lugar seguro para posteriormente trasladar a Mas "por la vía aérea descrita", que también utilizó la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert.

De igual modo, según la Fiscalía, los manifestantes increparon y acorralaron mediante amenazas e insultos al diputado ciego de CiU, Josep Maria Llop, y golpearon "repetidas veces con los brazos en alto" a Alfons López Tena (SI); también sufrieron el acoso los diputados Joan Boada, Gerard María Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.

Manifestación contra los recortes

Los incidentes se produjeron en el contexto de una manifestación convocada bajo el lema 'Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes' y después de que durante la noche desconocidos pusieran materiales de obra, como vallas, hormigón, cuerdas y maderas, en las puertas de acceso al recinto parlamentario para evitar el acceso de los diputados.

Ante la concentración masiva de personas y el "bloqueo de los acceso al Parc de la Ciutadella, los diputados accedieron por la calle Pujades, en la que se concentraron 600 personas que "arrojaron objetos contundentes contra los parlamentarios y agentes policiales que les protegían".

El juez Eloy Velasco continuó con el procedimiento tras dictar un auto que señalaba que delitos menores e incluso de faltas, como los atribuidos a los imputados, se convierten en graves si existe un componente de "intimidación ambiental".

Por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Velasco envió la causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el Supremo resolvió en noviembre que la Audiencia Nacional era la competente para investigar estos hechos por considerar que el Parlament debe considerarse una institución del Estado.

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