La Audiencia Nacional ha rebajado de 15 a tres millones de euros la fianza impuesta a Ángel de Cabo, presunto testaferro de empresas en quiebra que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 5 de diciembre -entonces se le impuso la suma de 50 millones, la más alta en la historia judicial española, si quería eludir su encarcelamiento-. El juez Eloy Velasco, quien instruye el caso donde se investiga el vaciamiento supuestamente fraudulento tanto del patrimonio del grupo Viajes Marsans como del de sus antiguos responsables para no pagar ni a empleados ni a acreedores, ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía. Para ello ha valorado los nuevos datos que tanto dicho acusado como su 'mano derecha', Iván Losada -a quien también se ha recortado la fianza a la misma cuantía-, aportaron en sus últimas comparecencias, realizadas a petición propia a finales de abril.

De Cabo declaró el pasado 24 de abril que el expresidente de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, le engañaron con la venta del grupo ya que una vez se hizo cargo del mismo comprobó que carecía de bienes con el que hacer frente a las deudas. El primero sostuvo que, a cambio, prestó a los otros dos ocho millones de euros con cargo a sendas hipotecas sobre los bienes de sus hijos aunque, posteriormente, descubrió que ya habían sido vendidos. El juez, sin embargo, sostiene que acordó con ellos abonarles la suma de 100.000 euros mensuales a cambio de poder 'hacer y deshacer' en esas sociedades.

Por su parte, la defensa de Díaz Ferrán ha recurrido a la Sala de lo Penal de la Audiencia para que su fianza sea reducida hasta los 500.000 euros -a principios de febrero ya se le rebajó de 30 a 10 millones-, amén de la retirada de pasaporte, al alegar que su situación de "insolvencia" le impide hacer frente a una suma mayor y que no existe riesgo de fuga. La Fiscalía, sin embargo, se opone a su petición al considerar que existen datos que prueban que el también expresidente de la patronal (CEOE) ha ocultado su patrimonio real, por ejemplo, al no facilitar datos sobre el dinero obtenido con la venta de dos pisos que tenía en Nueva York.

De Cabo, Losada, Díaz Ferrán y otra decena de personas -la mayoría, colaboradores o familiares suyos- están acusadas, en el marco de la llamada 'operación Crucero', de los presuntos delitos alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal. El inicio de este caso deviene de una querella presentada en febrero de 2012 por varias empresas mayoristas del sector turístico, como AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, con la que Viajes Marsans tenía contraídas deudas multimillonarias.