Fraude de la carne de caballo

Mato subraya que el fraude por carne de caballo no afecta a la salud pública

El informe publicado por la OCU a finales del pasado mes de enero desató la polémica sobre la calidad y los controles en los productos cárnicos en España.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha subrayado en el Congreso de los Diputados que el escándalo por la carne de caballo encontrada en productos procesados "se circunscribe a un problema de fraude y no de salud pública" ni de seguridad alimentaria. 


La ministra ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Sanidad en el Congreso en respuesta a la petición del grupo socialista para que aclarara las implicaciones del estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre la calidad de hamburguesas comercializadas en supermercados españoles. "Estamos coordinados con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y con el sistema de alerta sanitaria, que asegura que no se trata de un problema de salud pública y que no alarmemos a la población", ha afirmado la ministra. 


Asimismo, ha añadido que "la defensa de los consumidores ha sido una de las prioridades del ministerio" y que el Gobierno ha puesto en marcha varios proyectos al respecto como la mejora del sistema arbitral de consumo, una resolución sobre litigios "on line" y un real decreto de arbitraje, que "será más ágil y disminuirá costes".


El informe publicado por la OCU a finales del pasado mes de enero desató la polémica sobre la calidad y los controles en los productos cárnicos en España, después de que se encontraran trazas de ADN equino en hamburguesas etiquetadas como vacuno en Irlanda y el Reino Unido.


El asunto se ha extendido a otros países europeos, como Italia y Francia, que han retirado varios productos del mercado al detectar que contenían trazas de carne equina sin precisarlo en el etiquetado.


Los distintos agentes de la cadena alimentaria, desde productores e industria hasta los consumidores, han precisado hasta el momento que los casos detectados no implican un problema de seguridad alimentaria pero sí un fraude de etiquetado.