Cuatro trabajadores que son objeto de una investigación en la causa abierta contra el expresidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar, habrían reconocido esta tarde ante el juez su presunta "vinculación con el Partido Popular", según indicaron a los informadores fuentes socialistas.

El titular del juzgado de instrucción número uno de Ourense, Leonardo Álvarez, admitió a trámite a principios de enero la querella del fiscal jefe Florentino Delgado, que parte de una denuncia del PSdeG contra Baltar Pumar por un supuesto delito de prevaricación continuada en 104 contrataciones efectuadas en 2010, en las fechas previas a la celebración del congreso provincial del PP que ganó el hijo del veterano dirigente, Manuel Baltar.

José Arcos, el letrado del PSdeG-PSOE, partido que se presenta como acusación popular, aseguró este martes tras las primeras declaraciones de presuntos "enchufados" y que se prolongaron por espacio de cuatro horas, que se "ha constatado clarísimamente" lo que era "público y notorio en la provincia de Ourense", que es la existencia de supuestas irregularidades en los procesos de contratación en la institución provincial, ha dicho.

La sesión de esta jornada deja para él, sin embargo, varios interrogantes, puesto que no ha quedado claro "cómo se produjeron dichas contrataciones", explicó este letrado en declaraciones a los informadores.

"No se supo explicar por qué habían sido contratados", pero "reconocieron vinculaciones con el Partido Popular", indicó Arcos, quien insistió en que a pesar de que hubo "ciertas actitudes", de "proteger" al expresidente de la Diputación, "entendemos que las declaraciones son muy claras", y "apuntalan el contenido de la querella" presentada por el Ministerio Fiscal.

El magistrado interrogó este martes a cuatro testigos, que son parte de los trabajadores cuyos contratos están siendo investigados. Así, prestaron declaración dos trabajadoras que estuvieron contratadas en el Centro Cultural de la Diputación de Ourense, J.A. y R.M.C., la concejala de O Carballiño Pilar Caride, y Juan Luis Cachaldora, concejal del PP en Nogueira de Ramuín.

En lo que respecta al contenido de las declaraciones, Arcos puntualizó que ninguno de ellos llegó a concretar quién les había llamado desde la institución, además de que no existe registro de solicitud de entrada. "Alguno todavía sigue contratado por la diputación de Ourense", que preside en la actualidad Manuel Baltar, ha remarcado.

Preguntado a este respecto, el abogado del sindicato Manos Limpias, que se ha personado en la causa, Ángel Francisco Gómez, manifestó en este sentido que estos cuatro testimonios corroboran que hay "indicios suficientes de la posible comisión de un delito", al quedar acreditado que "se han producido una serie de contrataciones sin respetar los procedimientos de contratación".

Por el momento, el letrado descartó hacer nuevas valoraciones "hasta estudiar toda la causa".

A modo de anécdota, hubo un susto este martes a causa de un apagón informático que duró unos minutos, pero hizo temer que hubiese que repetir esta toma de declaraciones. El problema pudo ser solucionado y se continuó.

Además, un acompañante de una de las personas que acudieron a declarar tuvo un incidente con los medios de comunicación, al dirigirse a dos informadores para que no grabasen imágenes, uno de ellos fotógrafo colaborador de la Agencia Efe en Galicia, y el otro reportero gráfico de V Televisión, este último recibió una patada en la cámara.

Durante el día de este martes, el juez desestimó además el recurso de la defensa del expresidente de la Diputación Provincial, José Luis Baltar Pumar, pero sus abogados ya han presentado, como habían anunciado en caso de que esto se produjese, un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial.

El despacho de abogados que se encarga de la defensa de Baltar Pumar había presentado un recurso de reforma subsidiario de apelación contra la admisión a trámite de la querella interpuesta por el fiscal jefe de Ourense contra su cliente.

Fuentes de la defensa de Baltar Pumar indicaron en su momento que parte de la vasta argumentación que presentaron se centra en que las diligencias de investigación son "nulas de pleno derecho", al incumplir el artículo 4 del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, puesto que Baltar Pumar "nunca fue citado a declarar" en el transcurso de la investigación por el Ministerio Público.

Por ello, alegaban que, al no ser citado, nunca fue oído, y así jamás ha tenido oportunidad de defenderse ni de contradecir los hechos de los que se le acusa. Asimismo, habían aclarado que la presentación de este recurso no alteraría el calendario de declaraciones.

La defensa cuestiona el proceder empleado en todo este asunto e insiste en que Baltar Pumar tendría que haber sido citado con anterioridad, y no en calidad de imputado.

Las declaraciones, que estaba previsto que continuasen a lo largo de esta semana, han sido aplazadas al menos hasta el lunes, tras conocerse la muerte de una familiar cercano a uno de los abogados de la defensa.