El Gobierno tiene previsto recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto aprobado este miércoles por el Gobierno catalán en funciones que grava los depósitos bancarios. Además, el Ejecutivo está atento a la decisión que finalmente tome la Generalitat sobre la imposición de un impuesto a las centrales nucleares. Si esta aprobación se produce, es previsible que también sea recurrida ante el TC.

Según fuentes del Ejecutivo, los servicios jurídicos del Estado están estudiando ya la decisión adoptada este martes por el Gobierno en funciones de la Generalitat de imponer un impuesto a los depósitos de las entidades bancarias que operan en Cataluña, dando así satisfacción a una de las demandas de ERC, con quien Artur Mas ha pactado el apoyo a su gobierno a cambio, entre otras cuestiones, de una consulta soberanista en 2014.

La decisión de recurrir podría abordarse próximamente en el Consejo de Ministros, incluso no se descarta que pueda ser el próximo viernes y la intención es pedir al TC la suspensión cautelar de la medida mientras se resuelve el recurso. Las razones que esgrime Hacienda y a las que este mismo martes aludía el titular de esta cartera, Cristóbal Montoro, es que no se puede adoptar una decisión que suponga la subida de impuestos mediante un decreto ley. Además, alega que la medida queda invalidada por sí misma al pretender que sea retroactiva.

El Ejecutivo catalán ha adoptado este impuesto con aplicación desde el 30 de noviembre pasado y lo ha hecho con carácter de urgencia para tratar de esquivar la normativa estatal que entrará en vigor el uno de enero de este año, cuando comience a aplicarse la ley de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado. En esta Ley, el Gobierno ha incluido un impuesto a los depósitos bancarios a tipo cero, con el fin de que ninguna CC. AA. pueda hacer efectivo un impuesto autonómico como ya lo tienen Extremadura, Andalucía y Canarias.

El Ejecutivo entiende además, que un gobierno en funciones carece de legitimidad para subir los impuestos y menos vía decreto ley. Además, alegan que la decisión del Gobierno de Artur Mas "distorsiona" el mercado financiero y puede ir contra la normativa europea.

En cuanto al carácter retroactivo de la medida, las fuentes consultadas recuerdan la decisión adoptada por uno de los gobiernos de Felipe González, cuando Carlos Solchaga era ministro de Economía, de subir el IRPF a mitad de año y con carácter retroactivo. El TC falló a favor de la subida, pero en contra del carácter retroactivo del impuesto. También hay otro precedente en uno de los gobiernos de José María Aznar, que en 1996 acordó modificar el régimen de plusvalías aplicando un tipo único que también incluía retroactividad. El PSOE recurrió y el TC lo declaró inconstitucional.

Impuesto a las nucleares

El Ejecutivo también está atento a otra de las medidas que podría aprobar en el futuro el Gobierno de la Generalitat, ya que una de las exigencias de ERC para lograr un pacto de gobernabilidad ha sido la de aplicar un impuesto sobre la generación de residuos nucleares.

Precisamente esta es una de las medidas que, con carácter estatal, entrarán en vigor el próximo ejercicio, el uno de enero, con la aplicación de la Ley de reforma del sector eléctrico, que contempla un gravamen nuclear en dos partes. Por un lado, un impuesto a la producción de residuos, con el que se prevén recaudar 269 millones entre 2013, 2014 y 2015 y, por otro lado, un impuesto al almacenamiento de residuos que reordenará las distintas fórmulas ya existentes.

El Gobierno podría recurrir esta medida basándose en que una CC. AA. no puede gravar de nuevo un hecho imponible ya gravado por un impuesto estatal. De hecho, esta ha sido una de las alegaciones que el Gobierno esgrime ante el TC en el recurso contra la tasa judicial que el Ejecutivo de Artur Mas había fijado para poder pleitear en Cataluña.