Organizaciones de consumidores bancarios y partidos políticos de la oposición coincidieron en criticar la poca eficacia de las medidas que ha aprobado el Gobierno para frenar los desahucios, y consideran que no supondrán una solución definitiva. 

La Asociación de Usuarios Bancarios Adicae ha explicado que la moratoria de dos años en los desalojos de familias con situaciones extremas "no es ninguna solución para el grave problema hipotecario de 10 millones de familias en España".

Según la organización, cerca de un millón de estas familias se enfrentan a un riesgo grave de ejecuciones y embargos hipotecarios que les llevarán a la pérdida de su vivienda.

Para el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, "el problema no son los desahucios ni los muy lamentables suicidios, sino las hipotecas y la banca. Lo que hay que hacer es reformar en profundidad el sistema hipotecario español y esto es algo que, lamentablemente, los sucesivos Gobiernos no se han atrevido a hacer".

Pardos considera que el sistema hipotecario español es "anticuado, leonino y abusivo", por lo que propone una reforma de la ley hipotecaria que permitiera "una moratoria de embargos y ejecuciones por 3 años, prorrogable".

Por su parte, las organizaciones de afectados por los desahucios han calificado como "chapuceras" y "absurdas" las condiciones aprobadas y han pedido que éstas se apliquen a todos los casos.

La portavoz de Stop Desahucios, Ada Colau, ha afirmado que es "completamente absurdo" que las nuevas medidas se apliquen sólo en unos determinados casos de vulnerabilidad.

"Es una medida absurda, es como poner a los pobres a competir entre ellos a ver quién es más desgraciado", ha señalado.

También la portavoz del BNG en el Congreso Olaia Fernández Dávila ha criticado que las medidas son "una auténtica tomadura de pelo porque dejan los aspectos más importantes sin resolver".

"Es la demostración de la falta de voluntad del Gobierno para afrontar de manera valiente, con decisión y firmeza un drama social que está provocando muertes y que cada día que pasa aumenta sus dimensiones", ha manifestado la diputada, que ha reprochado al Ejecutivo que "de nuevo vuelve a escoger a la banca por encima de la gente más vulnerable".

De la misma opinión ha sido la diputada de Geroa Bai Uxue Barkos, que ha acusado al Gobierno de "de poner parches" a la ley hipotecaria en lugar de afrontar con seriedad las demandas sociales.

En el mismo sentido, UGT ha dicho que "es insuficiente y restrictivo el Real Decreto aprobado y ha instado a que se modifique en profundidad en el trámite parlamentario, ya que "no da respuesta al drama social que afecta a cada vez más familias".

El sindicato ha solicitado la paralización inmediata de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de viviendas, incluidas las que están en curso, que se constituya un parque de viviendas públicas en alquiler social y la modificación profunda del ordenamiento jurídico para que los ciudadanos que han perdido su casa no tengan que seguir pagando.

Por último, ha alertado de que si no se modifican estas normas, el texto tendrá "el mismo futuro que el Código de Buenas Prácticas, es decir, fracasará", ha dicho UGT, que ha manifestado que "el Ejecutivo ha tenido más cuidado en no perjudicar a los bancos y cajas, que en beneficiar a los ciudadanos a la hora de aprobar medidas para paliar este drama social".