Un tribunal de Londres determinó que el etarra Antonio Troitiño Arranz, cuya entrega reclama España, continúe detenido por la "gravedad" del caso y fijó para el 21 de septiembre la fecha del comienzo de su juicio de extradición.

Troitiño, de 55 años, compareció ante la sala 2 de la Corte de Magistrados de Westminster junto al presunto miembro de ETA Ignacio Lerín Sánchez, de 38 años, tras ser detenidos ambos el 29 de junio en Hounslow, cerca del aeropuerto londinense de Heathrow, en virtud de una euroorden cursada por las autoridades españolas.

Los dos son reclamados por España por pertenencia a banda armada y otros delitos de terrorismo. La jueza Daphne Wickham atendió  primero el caso de Troitiño, quien se limitó a confirmar su nombre y fecha de nacimiento a través de una pantalla de seguridad, antes de seguir la sesión con la ayuda de una traductora.

Wickham escuchó los argumentos de la fiscalía, en representación del Estado español, y los del abogado de la defensa, Mike Summers, quien pidió la libertad bajo fianza de Troitiño con condiciones, dado que ya cumplió 24 años de una condena por actos terroristas.

Sin embargo, ante un caso tan "grave" y dadas las circunstancias de su detención, la jueza denegó la fianza a Troitiño y dispuso que continúe en la prisión de Belmarsh (sureste de Londres) hasta el próximo 21 de septiembre, cuando deberá presentarse ante este mismo tribunal para iniciar el juicio de extradición.

Antes, el 17 de agosto, Troitiño deberá comparecer ante la corte de Westminster a través de videoconferencia desde la cárcel, en una vista de trámite, el mismo día que lo hará Lerín. Sin embargo, para este último detenido, por tratarse de un caso distinto, la magistrada fijó la fecha del 7 de noviembre para el comienzo de su juicio de extradición.

Libertad bajo fianza

En la vista de, la defensa consideró que el de Troitiño es "un claro caso de libertad bajo fianza", pues está marcado por la llamada "doctrina Parot", sobre la que acaba de fallar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo a raíz del proceso contra la etarra Inés del Río Prada, condenada por varios atentados.

La corte europea dictaminó el pasado día 10 que esa doctrina del Tribunal Supremo español del año 2006 viola los artículos 7 y 5.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, por lo que instó a España a poner en libertad a Río Prada.

En concreto, la "doctrina Parot" establece que la reducción de penas por beneficios penitenciarios, como trabajos o estudios, se aplica respecto a cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido en España de permanencia en prisión, de 30 años, lo que tiende a endurecer las condenas.

Troitiño, ex miembro del "comando Madrid", había sido puesto en libertad en abril de 2011 cuando la Audiencia Nacional liquidó parte de su condena y después de que la aplicación de la "doctrina Parot" hubiera fijado su excarcelación para el 17 de enero de 2017.

Una semana después de su puesta en libertad, la Audiencia Nacional se echó atrás y revocó su decisión, pero para entonces el etarra ya no estaba localizado. Ahora las autoridades españoles le reclaman para que cumpla el resto de su condena, de 2.096 días, según explicó hoy Melanie Cumberland, en representación de la fiscalía.

La fiscal dijo que la "doctrina Parot" se aplica en el caso de Troitiño e informó de que España recurrirá el dictamen de Estrasburgo en el plazo de tres meses -a contar a partir del 10 de julio- ante la Gran Cámara del TEDH (máxima instancia).

Ante esta situación, la fiscal reconoció que la defensa podía pedir la libertad bajo fianza, pero recordó que esa solicitud no sería concedida si el caso se diera en territorio español.

Cumberland pidió que, si Wickham aceptaba la libertad bajo fianza, que ésta fuera bajo estrictas condiciones.

Según la fiscal, en el piso donde Troitiño fue detenido había 8.000 libras (unos 9.600 euros) en distintas divisas, documentación falsa y gente en situación irregular en el Reino Unido.

Troitiño fue autor de varios atentados entre 1982 y 1984 y del perpetrado en 1986 contra un autobús de la Guardia Civil en la Plaza República Dominicana de Madrid, donde fallecieron doce guardias civiles y hubo 51 heridos.

Lerín estaba huido desde abril de 2007, cuando fue desarticulado el "comando Donosti" de ETA, y España pide su extradición por pertenencia a banda armada y posesión de explosivos.