Dos de las cuatro plantas de purines confían en poder reabrir a la espera de las nuevas tarifas

Las cuatro plantas de cogeneración dedicadas al tratamiento de purines de Soria se enfrentan a un panorama de incertidumbre que no se ha disipado tras la reciente sentencia del Supremo que anula los parámetros de retribución que llevaron al cierre de las instalaciones en 2014.

El Gobierno debe corregir en un plazo de cuatro meses, contando a partir de julio, los errores de la orden y publicar unos nuevos precios de subvención.

Algunos propietarios contemplan la posibilidad de que las nuevas tarifas que el Ejecutivo central apruebe para comprar la energía que generarían estas plantas les haga recuperar rentabilidad. Para ello debe formarse Gobierno, pero incluso en el caso de que estos parámetros indicaran que las plantas pueden volver a ser rentables, no todos los propietarios se fían. Serían necesarias unas inversiones importantes para reabrir las instalaciones.

La planta de Langa de Duero se encuentra en proceso concursal desde 2014. La empresa Orus Renovables se hizo cargo en 2015 y mantiene una cierta actividad de reciclaje, atendiendo a las indicaciones del administrador concursal. Prevé iniciar el tratamiento de purines a comienzos de 2017 hasta que se produzca la subasta.

En el caso de Ágreda, la empresa local Maca adquirió las instalaciones tras el cierre. Lejos de desmantelar la planta, sus propietarios están esperando a conocer los precios nuevos para decidir si acomete la inversión necesaria para volver a ponerla en marcha, siempre con la reserva por delante, pues según la empresa "el Gobierno ha generado inseguridad".

Los cambios normativos del 2014 llevaron al cierre de la planta de Los Rábanos. El grupo Villar la dedica ahora a almacenaje de purín, aunque el tratamiento está parado. Según uno de los responsables de la empresa "la decisión del Supremo no garantiza nada". Por tanto, las instalaciones se mantienen en espera, mientras se resuelve jurídicamente el tema de fondo.

En el caso de Almazán, la propietaria, que es Gas Natural, ha decidido que la planta se someta a un proceso de liquidación, en la que está inmersa actualmente. Cómo finalice este proceso es aún una incógnita, aunque según fuentes consultadas, el proceso de liquidación sólo puede paralizarlo un juez. Un proceso de liquidación significa en cualquier caso que los propietarios se reparten el patrimonio de la empresa. Así, los actuales dueños de las plantas de cogeneración van tratando de ‘salvar los muebles’ a unas instalaciones que supusieron fuertes desembolsos por los que, según algunas fuentes consultadas, varios inversores se fueron "a la ruina".

Las plantas de purines de cogeneración en Soria se montaron en los primeros años del nuevo siglo. La empresa Ros Roca construyó la planta de Langa de Duero con una inversión de 12 millones de euros; Sinae hizo lo propio en Ágreda, invirtiendo una cantidad de unos 17 millones de euros, mientras Hidroeléctrica del Cantábrico (junto a dos bancos) invirtió en Los Rábanos y Gas Natural construyó en Almazán. 15 millones de euros en cada caso se invirtieron. Cuando se establecieron las primas a la cogeneración el Gobierno decidió que el Estado tendría la obligación de comprar la energía generada en estas plantas a un precio superior al de una producción eléctrica ‘convencional’.

El concepto de cogeneración (generación de dos tipos de energía) incluía que al menos el 95% de la energía eléctrica que se producía en estas plantas se generaba, en este caso, a partir de gas natural. La quema del gas natural generaba energía térmica para tratar el purín.

Pero las primas no iban dirigidas al tratamiento en sí, sino a la producción eléctrica. El sistema colapsó y en 2014 el Gobierno cambió la ley. Al parecer, las plantas dejaron de percibir a partir de ese momento el 40% de lo que cobraban. Así y prácticamente de forma fulminante, las cuatro plantas de cogeneración cerraron.

En Soria la cabaña porcina ha aumentado considerablemente en los últimos 15 años, en parte debido a la existencia de estas plantas, que prometían acabar con el problema de la gestión del purín. Los ganaderos, en los últimos dos años, han tenido que adaptarse, creando infraestructuras o ampliando las tierras en las que depositar el residuo.

La Junta aprobó en junio de 2009 un Código de Buenas Prácticas Agrarias relativo al depósito de estos residuos en la naturaleza. El Código no tiene carácter obligatorio salvo en las zonas vulnerables, que en Soria no existen.