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La Junta utilizará "intermediarios" contra la economía sumergida en el sector micológico

Garantizarían el control de las transacciones, generalmente desde particulares a minoristas, sin factura.

La micología es una de las actividades con más presencia en los montes de la provincia
La micología es una de las actividades con más presencia en los montes de la provincia
Luis Ángel Tejedor

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció este martes en Pleno la intención de la Junta de Castilla y León de combatir la economía sumergida y garantizar el control sanitario del aprovechamiento de setas, un recurso "con pasado, presente y mucho futuro" que rentabilizar.

El camino elegido para ello no será el de la instauración de una lonja o mercado a gran escala, como propuso en el pleno de las Cortes regionales el procurador de Ciudadanos (C’s), David Castaño, ya que es una competencia del Gobierno central, matizó el consejero. Son competentes en esa materia los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas; de Economía y Empleo; y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, detalló Suárez-Quiñones.

Más que esa lonja con fines industriales, comerciales, mercantiles y de transformación, la estrategia elegida sería la figura del intermediario, para lo cual habría que modificar la Ley del IVA, indicó.

El intermediario garantizaría el control de las transacciones, generalmente desde particulares a minoristas, sin factura de por medio y en ocasiones sin ningún tipo de identificación. Todo ello formará parte de un decreto regulador de la actividad micológica que podría entrar en vigor antes del inicio de una nueva campaña de recogida, el próximo otoño, anunció el consejero de Fomento y Medio Ambiente.

De esta manera, Castilla y León mantendría su posición de avanzadilla dentro de este sector desde que puso en marcha, la única en España, una marca de garantía (Setas de Castilla y León) y la convocatoria de un mercado en Soria (Mercasetas).

"Regulará de forma integral" todo el proceso y ofrecerá un cuerpo normativo al acuerdo alcanzado, con los mismos fines, la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales.

La comunidad autónoma concedió 90.000 permisos anuales de recolección durante los dos últimos ejercicios.

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