El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió ayer a movilizar en el marco de la UE ayuda social para los saharauis y defendió la reacción del Ejecutivo ante la actuación de las autoridades marroquíes porque la relación con el país vecino es "prioritaria" para España.

En la rueda de prensa en la que hizo balance de la cumbre del G-20 celebrada en Seúl, Zapatero recordó que el Gobierno mostró su "profunda preocupación" tras el violento desmantelamiento del campamento saharaui instalado cerca de El Aaiún y apostó por el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario como un elemento clave para solucionar el conflicto. Zapatero, que pidió esperar a que la Fiscalía de Marruecos aclare lo sucedido en El Aaiún, aseguró que la respuesta del Ejecutivo ante los "graves" sucesos ha sido "la que tiene que ser, la responsable, la sensata y la prudente para la solución del conflicto y para los intereses de España".

"Los intereses de España es lo que el Gobierno tiene que poner por delante. Es la respuesta más apropiada para la resolución del conflicto, y en consecuencia para el pueblo saharaui, y también para los intereses de España", insistió Zapatero, quien apuntó que los servicios diplomáticos y consulares están trabajando para esclarecer la muerte de un ciudadano que tendría documento de identidad español.

Asimismo, el Gobierno lamentó, aunque no quiso condenar por la confusión existente, los hechos "graves" ocurridos en el Sahara Occidental y pidió a Marruecos que aclare urgentemente las circunstancias de la muerte del ciudadano español Baby Hamady Buyema y que facilite el trabajo de la prensa española en la zona.

Rechazo a la violencia

La titular de Exteriores, Trinidad Jiménez, subrayó que el Ejecutivo hace "todo lo que está en su mano" para proteger la seguridad de los ciudadanos españoles, tras el desmantelamiento por parte de las fuerza marroquíes del campamento saharaui de Gdaim Izik.

El Ejecutivo "rechaza la violencia" como forma de tratar este contencioso, declaró la ministra, quien emplazó a las partes a retomar la vía del diálogo.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo ya ha pedido a las autoridades marroquíes que esclarezcan "urgentemente" las circunstancias relacionadas con la muerte del saharaui con documentación española Baby Hamadi Buyema. También lamentó la expulsión de tres periodistas de la Cadena Ser y exigió la restitución de la acreditación al corresponsal de 'ABC'.

Al ser preguntada por qué España lamenta pero no condena los hechos, Jiménez respondió que "para condenar hay que tener conocimiento completo de los hechos" y que hasta ahora hay "confusión" en cuanto al número de fallecidos y heridos, entre otras cuestiones.

"Ninguna institución, organización ni el Gobierno marroquí han hecho un balance de la situación, apuntó Jiménez, quien dijo que España está a la espera de tener un conocimiento "exhaustivo y claro" de los hechos para pronunciarse definitivamente.

La familia de Baby Hamadi

Por su parte, la familia del ciudadano español fallecido reclamó al Gobierno que inste a Marruecos a abrir una investigación por "el asesinato" de esta persona para conocer "toda la verdad" y determinar si se ordenó su muerte.

Si Marruecos no adopta esta iniciativa, "la Audiencia Nacional es competente por el principio de justicia universal para iniciar un proceso judicial", ya que el fallecido es un ciudadano español, afirmó en rueda de prensa en Alicante el letrado José Revert, miembro de la Asociación de Juristas por el Sahara.

Mientras, el delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, advirtió de que Rabat está ocultando en fosas comunes los cuerpos de los fallecidos saharauis en el campamento, que asciende a 19 personas, según información de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.

Además, 78 personas detenidas tras los disturbios han comparecido hasta ahora ante el juez de instrucción en el Tribunal de Apelación de El Aaiún, informó ayer el diario marroquí 'Asabah'. El rotativo oficialista aseguró que algunos de los cargos que se les imputan son "asesinato, provocación de incendios, sabotaje de instituciones públicas e inmuebles privados, o comunicación con el extranjero para socavar la seguridad interna del Estado".

Desde el PP, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, señaló que el Gobierno español "tiene que estar al lado del pueblo saharaui", de acuerdo con la política exterior que ha desarrollado en todos estos años y que "se tiene que mantener". Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España solicitó una entrevista con la ministra de Asuntos Exteriores para transmitirle su preocupación por la situación de los periodistas en El Aaiún.