REINO UNIDO

Un escándalo rompe el idilio con Cameron

La presión crece para que el líder británico destituya a su jefe de Comunicación, implicado en un asunto de escuchas ilegales, en el primer golpe a su Gobierno desde que llegó al poder. El periodista dirigió un diario en el que un redactor pinchaba móviles hasta de los príncipes.

Cameron, en una cumbre europea
Un escándalo rompe el idilio con Cameron
JULIEN WARNAND/EFE

El primer ministro británico, David Cameron, retornó ayer a las funciones de gobierno sin pleno control de la agenda política por primera vez desde la victoria conservadora del pasado mayo. Un escándalo de escuchas ilegales periodísticas amenaza al director de comunicaciones de Downing Street, Andy Coulson, y ha provocado el fin de la luna de miel del Ejecutivo de coalición con los liberaldemócratas. Cameron defiende a su jefe de prensa pese al goteo de alusiones sobre su complicidad en graves abusos de invasión de la privacidad de diputados y celebridades, incluidos los príncipes Guillermo y Enrique.

Cameron contrató a Coulson, en 2007, en una polémica decisión que vuelve estar en candelero. Seis meses antes, el actual responsable de comunicación del Gobierno de coalición había dimitido como director de 'News of The World' (NoW) en reacción al encarcelamiento del corresponsal palaciego del poderoso dominical, Clive Goodman. Coulson aceptó su responsabilidad en el escándalo pero negó estar al corriente de las técnicas ilegales empleadas por su redactor para lograr primicias sobre la familia real. El periodista y un detective privado pinchaban los teléfonos móviles de los príncipes en una "grave, inexcusable e ilegal invasión de sus privacidad", según dijo el juez que les condenó a prisión en 2007.

Guillermo y Enrique no fueron las únicas víctimas de 'News of The World'. En el juicio salió a relucir que el dominical también había intervenido las llamadas o buzones de voz del diputado liberaldemócrata, Simon Hughes, la modelo Elle Macpherson, y el director de la Asociación de Futbolistas profesionales, Gordon Taylor. Goodman controlaba además miles de números de teléfono y un centenar de códigos de acceso a buzones de voz. Scotland Yard, sin embargo, cerró la investigación en la cumbre monárquica sin interrogar a presuntos implicados en el grupo mediático de Rupert Murdoch, propietario del semanario, y dejando un reguero de insatisfacción que ha resurgido en la última quincena.

Un reportaje de 'The New York Times' ha destapado dos vetas en el escándalo de las escuchas. Por una parte, se incluyen testimonios de un antiguo periodista de 'NoW' que reta la línea de defensa de Coulson y afirma que el asesor de Cameron estaba al corriente de las abusivas técnicas empleadas cotidianamente por el líder en la prensa amarilla británica. Otros compañeros de redacción coinciden en la misma denuncia, a la que aludió el actual ministro de Energía, el liberaldemócrata Chris Hughne, al sugerir desde los banquillos de la oposición que Coulson era "cómplice" o un "incompetente" director de un medio que vende cerca de tres millones de ejemplares cada semana.

El diario estadounidense señala, por otra parte, que Scotland Yard limitó la investigación al entorno de Goodman para proteger la estrecha relación que la Policía londinense ha establecido con el grupo de Murdoch. No presenta pruebas de su denuncia, pero ha provocado la revisión de las pesquisas y la información que está surgiendo sobre escuchas ilegales por parte de la prensa.

John Yates, segundo en el escalafón de mando de Scotland Yard, conduce la nueva investigación, que le llevará directamente a Downing Street. El asesor de Cameron ha prometido colaborar con la Policía mientras crece la presión por su dimisión, despido o suspensión temporal hasta que se resuelva el embrollo.

Pero no hay perspectivas de que la crisis se zanje en el futuro inmediato. Esta semana, el Parlamento de Westminster aprobó por unanimidad estudiar, a través de dos comités, distintas vertientes de las prácticas periodísticas: tanto las denuncias contra 'NoW' como alusiones de que las escuchas ilegales son endémicas a toda la prensa y la legislación sobre interferencias en las comunicaciones privadas.