Amnistía Internacional (AI) cree que "España ha fracasado" en su promesa de llevar a la práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos por su forma de conducir sus políticas interior y exterior. En la presentación de su informe anual, publicado hoy en todo el mundo, la presidenta de la sección española de este organismo, Itziar Ruiz-Giménez, denunció ayer que la tortura "no es sistemática, pero es una práctica constante y extendida en todo el territorio" español y acusó a las autoridades de amparar "la impunidad" al no hacer todo lo posible por aclarar los casos denunciados.

En su informe, que este año coincide con la conmemoración del 60º aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, AI documenta, país a país, las prácticas que considera "motivo de preocupación". La denuncia de Amnistía se produce una semana después de la aprobación por el Parlamento vasco de una resolución en la que acusa al Gobierno central de no tomar medidas para evitar el maltrato a los detenidos, iniciativa que provocó el rechazo de los principales partidos.

No se investiga lo suficiente

Amnistía destaca que en España, entre enero y diciembre de 2007, los informes sobre torturas "por agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían estando extendidos". Esta organización, que para preservar su imparcialidad no percibe fondos ni donaciones de ningún Gobierno o partido, asegura que "ni los organismos a los que pertenecían los agentes (denunciados) ni las autoridades judiciales investigaron tales casos con arreglo a las normas internacionales, lo que en la práctica dio lugar a situaciones de impunidad".

Como ejemplos, AI señala las denuncias de tortura presentadas en 2007 por personas detenidas un año antes por cargos relacionados con el terrorismo de ETA. Durante la investigación, detalla el informe, algunas de ellas contaron al juez "que habían sufrido torturas y otros malos tratos a manos de agentes de la Guardia Civil mientras estaban recluidas". Pese a la promesa gubernamental de aclarar lo sucedido, AI denuncia que "al final del año no se tenía conocimiento de que se hubiera realizado una investigación criminal sobre tales denuncias".

AI destaca también la levedad de las penas impuestas en abril de 2007 a tres guardias civiles que fueron declarados culpables de la muerte, en el cuartel de Roquetas de Mar, del agricultor Juan Martínez Galdeano, ocurrida en 2005 durante una pelea con varios agentes. El oficial al mando, José Manuel Rivas, fue condenado "por un delito de atentado no grave contra la integridad moral del fallecido y una falta de lesiones" a 15 meses de cárcel y tres años de inhabilitación. Cinco agentes fueron absueltos.

Amenazas

La presidenta de la sección española de AI lamentó que en España "persiste cierta negativa a reconocer los casos de tortura y afrontarlos de una manera decidida". Itziar Ruiz-Giménez, que también denunció la "campaña de amenazas y atentados" de ETA, resaltó que a veces quienes denuncian malos tratos deben afrontar "obstáculos" que dificultan la investigación, como "informes médicos incompletos" y "amenazas" de las Fuerzas del Orden.