Informe sobre el 'Domingo Sangriento'

El 30 de enero de 1972, en el 'Domingo Sangriento', soldados británicos del Regimiento de Paracaidistas dispararon sin previo aviso contra una manifestación en favor de los derechos civiles en el barrio católico de Bogside, en Londonderry (Irlanda del Norte) y causaron la muerte de 14 civiles.

Aquello acabó con 51 años de autogobierno en Irlanda del Norte y desencadenó un conflicto entre católicos y protestantes que causó más de 3.200 muertos, la mayor parte civiles, y unos 37.000 heridos en ambos bandos.

La escalada de violencia convirtió, además, a los miembros de las fuerzas de seguridad en "objetivos legítimos" para el Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Blair encargó la formación de la comisión de investigación, en respuesta a las continuas peticiones de la comunidad nacionalista, el 29 de enero de 1998, cuatro meses antes de la firma del histórico acuerdo de paz del Viernes Santo.

Ante la Cámara de los Comunes y en presencia de varios familiares de las víctimas, Blair subrayó que los muertos en el "Domingo Sangriento" debían ser considerados inocentes de las acusaciones de tenencia de armas o explosivos que se les imputaron en la primera investigación hecha en 1972 por el juez Lord Widgery, a petición del entonces primer ministro británico, Edward Heath.

En un informe publicado por el Gobierno irlandés, se acusaba a Lord Widgery de "responsabilizar a las víctimas de su propia muerte" al objeto de eximir a los soldados que participaron en la matanza. En ese documento se ponía de manifiesto que se aceptó como válida, sin contrastarla con otros testimonios, la declaración de varios soldados que dijeron que algunas de las víctimas habían efectuado disparos y portaban bombas de mano.

De este modo, quedó desestimada la posibilidad de iniciar investigaciones tendentes a encontrar responsables, puesto que Lord Widgery consideró que los soldados británicos dijeron la verdad.

Sin embargo, los familiares de las víctimas nunca aceptaron el resultado del informe e insistieron en la necesidad de que el Gobierno británico pidiera disculpas públicas por la matanza.

La comisión encargada por Blair en enero de 1998 para esclarecer los hechos, encabezada por el juez lord Mark Saville de Newdigate, comenzó sus trabajos el 20 de julio de ese año tras recibir más de 30.000 páginas de documentación.

Según el fiscal de la Corona, Christopher Clarke, el tribunal también había recibido más de un millar de fotografías y diverso material procedente de periódicos, emisoras de radio y de televisión.

Un alto tribunal londinense admitió el 28 de julio de 1999 que diecisiete soldados británicos podían mantener el anonimato cuando prestasen declaración.

El nuevo examen se vio empañado por la desaparición de pruebas, ya que de los cinco rifles que quedaban de todos los utilizados aquel día, tres fueron destruidos.

Según varios estudios publicados en septiembre de 1999, algunas de las víctimas estaban desarmadas cuando murieron por disparos de soldados británicos y sugerían que hubo un encubrimiento de los hechos en la investigación original.

De hecho, los familiares de los fallecidos siempre han sostenido que algunos de los soldados tiraron a matar contra civiles desarmados que no tenían vinculación alguna con el IRA Oficial o el IRA Provisional, las dos facciones republicanas con presencia en Derry.

La primera investigación de Lord Widgery ya reveló que cuatro de las víctimas, que no representaban un riesgo para los soldados, fueron tiroteadas por la espalda cuando trataban de escapar.

No obstante, el juez exoneró a los militares al indicar que el IRA Oficial abrió primero fuego contra los soldados y que éstos abatieron después a los civiles por error.

La comisión de investigación reanudó el 26 de marzo de 2000 las audiencias que habían sido suspendidas en julio de 1998.

El juez Saville cerró definitivamente sus indagaciones el 16 de diciembre de 2004 y se retiró a elaborar el esperado informe para publicarlo, inicialmente, a finales de 2007 o principios de 2008.

Los sucesivos retrasos provocaron que el documento, de unas 5.000 páginas distribuidas en diez volúmenes, forme parte ya del proceso más caro de toda la historia legal británica, cuyo coste se eleva hasta los 234 millones de euros.