El tráfico por ferrocarril y el transporte público se ha visto gravemente afectado en Francia por una huelga de 24 horas contra la reforma del sistema de pensiones que planea acometer el gobierno francés, que ha sacado a cientos de miles de personas a las calles.

El líder de la confederación sindical CGT, Bernard Thibault, aseguró que en total protestaron dos millones de personas, el doble de los que acudieron a las marchas en mayo. "La reacción debía ser acorde a la amenaza del derecho a la jubilación, y así ha sido", dijo Thibault en la manifestación de París.

La empresa estatal de ferrocarriles SNCF estimó que un 40% de los trabajadores secundó la huelga. Funcionaron la mitad de los trenes de alta velocidad TGV y uno de cada cuatro de los regionales. También se vio reducido a la mitad el tráfico de metro y autobús en París y en otras 65 ciudades.

Colegios, guarderías, empresas y autoridades se vieron afectados asimismo por actos de protesta. El Ministerio de Educación señaló que un tercio de todos los maestros de educación elemental no acudió a su trabajo.

La huelga se produjo asimismo en la radio y televisión pública y causó una significativa reducción del tráfico aéreo. El acatamiento fue inusualmente alto en la industria privada, en la que permanecieron cerradas numerosas fábricas.   Mediante huelgas y manifestaciones los sindicatos franceses pretenden evitar el aumento de la edad de jubilación, actualmente de 60 años, que contempla el presidente Nicolas Sarkozy.

  De acuerdo con el plan de reforma presentado, la edad de jubilación en Francia se elevará progresivamente hasta los 62 años para 2018. Adicionalmente se subirá la cotización mínima para poder percibir una pensión y muchos grupos perderán una serie de ventajas jubilatorias.

  Los sindicatos consideran que existen otras posibilidades de hacer frente al elevado déficit que padecen las arcas de la seguridad social francesa, la mitad del cual atribuyen a la crisis económica. Entre otras cosas, proponen elevar la carga fiscal sobre los ingresos de capital para que no sean sólo los trabajadores los que paguen el déficit.

  Según una encuesta recientemente publicada por el diario progubernamental Le Figaro, un 58 por ciento de los franceses acepta un aumento de la edad de jubilación, pero otros sondeos señalan un apoyo mayor a la huelga.

Sarkozy y su ministro de Trabajo, Eric Woerth, afirmaron que no cambiarán sus planes y que es necesario reformar el sistema de pensiones francés para reducir el déficit. La reforma es considerada un proyecto central de Sarkozy, y su éxito o no medirá sus posibilidades de ser reeligido en 2012.