El Gobierno del Perú ratificó ayer que ha descubierto un caso de espionaje en el que están implicados militares peruanos y ciudadanos chilenos, y quedó a la espera del regreso del presidente Alan García desde Singapur para anunciar su posición oficial sobre el tema. García, que adelantó su vuelta 24 horas y canceló una entrevista con su homóloga chilena Michelle Bachelet en la ciudad asiática, dijo que espera tener en Lima "una información plena, adecuada", sobre el asunto.

Ayer, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, recalcó que el caso de espionaje está confirmado. "Efectivamente, se trata de un hecho de espionaje financiado por Chile aparentemente, según la declaración del detenido", dijo en a la radio chilena Cooperativa.

Añadió que "por supuesto (el caso es) indignante, y son absolutamente lógicas las medidas que Perú ha decidido y que han sido comunicadas a través del canciller (José Antonio García Belaúnde)".

Por su parte, el Gobierno chileno lamentó ayer la reacción del Ejecutivo peruano ante el supuesto caso de espionaje y sostuvo que en asuntos como estos se debe actuar con mucha cautela. "Chile no tiene nada que ocultar", aseguró la ministra portavoz Carolina Tohá, en el Palacio de la Moneda, sede del Gobierno, en la primera reacción oficial al asunto. "Queremos ser muy claros, Chile no espía", subrayó.

Según el diario 'El Comercio', el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Víctor Ariza Mendoza entregó secretos de Estado que implican adquisiciones militares programadas hasta 2021. El suboficial, de 45 años, realizó en los últimos años "viajes triangulados" a Argentina y Chile para entregar esa información, según una noticia publicada ayer por el mismo diario.

Aunque Ariza ya aceptó su responsabilidad, los investigadores peruanos tratan de determinar la cantidad exacta de información que supuestamente entregó, entre la que se menciona a un plan institucional de la FAP hasta 2021, año del bicentenario de la independencia peruana.

En este plan se señalan las necesidades y proyecciones de la fuerza aérea en cuanto a personal, aeronaves, aspectos administrativos e instrucciones.

El suboficial también habría entregado listas con las identidades de los alumnos de la Escuela de Inteligencia de la FAP y algunos documentos vinculados con la demanda por límites marítimos presentada por Perú contra Chile ante la Corte de Justicia de La Haya, aunque esta información no ha sido confirmada.

Los investigadores peruanos tratan de determinar, además, si el suboficial entregó los códigos secretos de comunicación de las Embajadas peruanas.

Los medios señalan que el suboficial pudo contar con el apoyo de su pareja, una policía en actividad, quien supuestamente le ayudaba a preparar la información y recogía los pagos que le entregaban.

Después de que el militar confesara su culpa, un juez de Lima ordenó su detención junto a la de otro suboficial peruano y dos supuestos militares chilenos, acusados de ser los instigadores de estos delitos. El juez Luis Garzón, a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima, abrió instrucción por los cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos en agravio del Estado.