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FRANCIA

El Senado francés da su respaldo a Sarkozy

La Cámara Alta aprueba la reforma de las pensiones, que implica elevar la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años. El presidente francés no duda en enviar a los antidisturbios para desbloquear refinerías.

Varios senadores franceses depositan su voto sobre.
El Senado francés da su respaldo a Sarkozy
JACQUES DEMARTHON/AFP

La reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación en Francia recibió ayer un impulso decisivo por parte del Gobierno, que aceleró la votación del texto en el Senado, mientras intervino en diversos frentes para desbloquear los sectores paralizados por los sindicalistas.

Como se esperaba y gracias al apoyo de los parlamentarios conservadores y centristas (177) que superaron a los de la oposición de izquierdas (153), los senadores aprobaron el considerado como proyecto estrella del mandato del presidente francés, Nicolas Sarkozy, que elevará la edad mínima legal de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 años la edad para cobrar la pensión completa.

El texto entra ahora en la recta final, una semana decisiva en la que tendrá que ser ratificado definitivamente por ambas cámaras y por el presidente para entrar en vigor. Una comisión paritaria de senadores y diputados consensuará el lunes un texto definitivo, que será ratificado por la Cámara Alta el martes y por la Baja el miércoles, día en que quedará listo para la rúbrica de Sarkozy.

Lo hará en medio del ruido de fondo de las protestas que continúan en el país y que amenazan con radicalizarse en los próximos días, ante el llamamiento de sindicatos y organizaciones estudiantiles a seguir oponiéndose a un proyecto que consideran injusto.

Pero el Gobierno parece decidido a avanzar en la reforma y a acelerar para superar el desafío que le plantean los sindicatos.

Ante la amenaza de penuria energética, Sarkozy no dudó en enviar, tal y como había anunciado, a los antidisturbios para desbloquear refinerías y depósitos de combustible, lo que mejoró la situación en las gasolineras.

Fue el caso de la refinería de Grandpuits, a las afueras de París, que como las otras 11 del país estaba cerrada desde hace días y que fue desalojada por la fuerza. Es una de las mayores de Francia y, aunque fue desbloqueada, sigue sin producir combustible porque los trabajadores no acuden a sus puestos.

La intervención policial se produjo en otros centros, en lo que fue una auténtica ofensiva para acabar con el bloqueo energético. Sarkozy lo había advertido la víspera, ante los crecientes problemas de abastecimiento, que no toleraría que los manifestantes tomaran al país por rehén y prometió firmeza. La intervención policial mejoró la situación, aunque el Gobierno reconoció que todavía está cerrado algo más del 20% de las gasolineras, frente al 40% de hace dos días, por lo que serán necesarias varias jornadas para que se recupere la normalidad.

Sin embargo, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que estos días preparan sus vacaciones de Todos los Santos. La semana próxima los niños no tienen clase y muchos adultos aprovechan para tomarse un descanso, que peligraba por la radicalización del movimiento.

En las autopistas

El Ejecutivo se comprometió a garantizar el suministro durante esos días, con la vista puesta de forma prioritaria en las autopistas, para evitar que el país viva una sensación de emergencia.

Al movimiento de fichas del Gobierno respondieron los contestatarios con más movilizaciones: en varias refinerías se prolongaron los paros que duran ya una decena de días, mientras que los estudiantes convocaron una jornada de movilización para el martes.

Será una forma de mantener vivo el movimiento hasta que el jueves se viva la enésima huelga general. Para entonces el texto ya habrá terminado su trámite parlamentario, tras pasar de nuevo por las dos cámaras y solo faltará que la rubrique el presidente.

Los sindicatos ya han asegurado que la adopción del texto no frenará su movilización y que las protestas se mantendrán. De hecho, tienen convocada otra jornada de protestas para el 6 de noviembre. Pero crece la incertidumbre entre los dirigentes sindicales sobre cuánto tiempo podrán mantener movilizadas a sus bases mientras la reforma entra en vigor.

En privado, algunos sindicatos confiesan que sería positivo buscar una puerta de salida al movimiento, que puede pasar por abrir negociaciones con el Gobierno sobre otros puntos de fricción.

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