El PSOE comprobó ayer en el Senado que está más solo que nunca por culpa de la respuesta del Gobierno a la actuación de Marruecos en El Aaiún. Todos los grupos de la Cámara alta, salvo el socialista, condenaron la actuación de las autoridades de Rabat tras reunirse con representantes del Frente Polisario. Una situación que volverá a repetirse el 30 de noviembre en el Congreso, cuando se vote una moción en ese mismo sentido presentada por IU-Iniciativa per Catalunya.

El Gobierno, sin embargo, no piensa modificar su línea de prudencia hasta que tenga todos los elementos de juicio sobre los sucesos que ocurrieron hace once días en el campamento saharaui.

Uno tras otro los portavoces de los grupos parlamentarios en el Senado condenaron la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, denunciaron la violación de los derechos humanos y exigieron al país magrebí que permita la entrada de medios informativos españoles en El Aaiún.

Los únicos que no se pronunciaron fueron los socialistas José Carracao y el senador del PSC Josep María de Puig, que aunque asistieron a la reunión con los representantes del Polisario declinaron sumarse a la condena en sintonía con la postura gubernamental.

El PP, en palabras del senador Alejandro Muñoz Alonso, consideró que no hay que esperar más para adoptar una postura más decidida frente a Marruecos. Es evidente, dijo, que en el desalojo de las jaimas de Gdaim Izik hubo "una gravísima violación de los derechos humanos" porque, si bien es verdad que falta "muchísima información" para hacerse una composición de lugar completa sobre lo sucedido, con lo que se sabe es "suficiente" para tener la certeza de que se vulneraron derechos fundamentales.

El senador del PNV Iñaki Anasagasti reprochó al Gobierno que se empeñe en "demostrar lo evidente para condenar" cuando hay datos más que suficientes. En la misma línea, el representante de CiU Joan María Roig repudió los sucesos en el campamento, pero reclamó que se abra una investigación para saber qué ocurrió.

Campamento "pacífico"

Mientras, el republicano Miquel Bofill negó que falte información porque es indudable que Gdaim Izik era un campamento "pacífico" hasta que hubo una "actuación armada" de los gendarmes, y eso es "una violación de los derechos humanos".

El representante del Polisario para España, Bucharaya Beyin, satisfecho por las declaraciones de los portavoces, lamentó que el Gobierno "admita la versión" de Marruecos de los hechos y se escude, al mismo tiempo, en la falta de información para no enemistarse con Rabat. "Cómo es posible que necesiten más información" cuando solo en la morgue del hospital militar de El Aaiún hay 38 cadáveres, se preguntó. "¿Van a condenar cuando haya 200 saharauis muertos?", volvió a interrogar el representante del Polisario.

La respuesta llegó de la mano de la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, quien admitió que la situación es "delicada", pero garantizó que España es el país que más desea "una solución justa y duradera" para el conflicto de la ex colonia.

El Gobierno, entretanto, se ratificó en que dará nuevos pasos cuando tenga todos los detalles de los sucesos en el campamento saharaui porque todavía quedan puntos oscuros por esclarecer.

Una prudencia que para el PP es "lamentable" y evidencia que la estrategia del Gobierno es la de "mirar para otro lado" en vez de defender los derechos humanos y la libertad de información, en palabras del vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas.

El vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, también denunció que la actitud del Gobierno es la mejor muestra de que está "secuestrado política y moralmente" por el Ejecutivo de Rabat. Su silencio, añadió, deja claro que Zapatero no es "libre" para defender los derechos humanos en la ex colonia y se cree la versión que han dado los ministros de Mohamed VI de los incidentes en vez de la que han dado los medios españoles.

Cuatro víctimas mortales

Por otro lado, el Frente Polisario aportó los nombres y apellidos de cuatro víctimas mortales como consecuencia, según este movimiento, del desmantelamiento del campamento y cuyos cuerpos Rabat entregó a sus familias. No obstante, el delegado del Gobierno marroquí en El Aaiún, Mohamed Jelmous, negó el fallecimiento de dos de los cuatro saharauis denunciados por el Frente Polisario.

Mientras, Lehmad Hamday Buyema, hermano del saharaui con nacionalidad española fallecido dijo que podrá demostrar, "con testigos" que Baby Hamday Buyema fue "atropellado dos veces" por la Policía con el objetivo de matarle.

Fuentes diplomáticas informaron ayer que las autoridades marroquíes no autorizaron a la misión de Naciones Unidas en el Sahara a entrar en los hospitales de la ciudad tras los disturbios que siguieron al desmantelamiento del campamento de protesta saharaui.