El juez Pedraz hace un llamamiento mundial para recabar testimonios sobre el genocidio maya en Guatemala

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha hecho un llamamiento mundial para recabar testimonios contra el genocidio maya ocurrido en Guatemala entre los años 1978 y 1984. El magistrado solicitó  a medios de comunicación de América central y del norte la publicación de una nota en la que pide la colaboración de cualquier testigo, víctima o conocedor de la masacre indígena para que le aporte cualquier información relevante que le permita completar su instrucción judicial sobre este crimen contra la humanidad. Pide a los aludidos que pongan los datos en conocimiento del juzgado más cercano a su lugar de residencia, con el ruego de que se los notifique a la Audiencia Nacional para que pueda incorporarlos a la causa.

Pedraz tomó está atípica decisión, a través de un auto judicial, como único medio para recabar pruebas suficientes contra los cuatro militares y dos civiles denunciados, después de constar que ni las actuales autoridades ni los tribunales de Guatemala han querido proporcionarle la información de que disponen sobre las matanzas ni facilitarle la detención, interrogatorio y procesamiento de los acusados, como tampoco permitirle la toma de declaración a los testigos.

Ante la clara inutilidad de los requerimientos legales oficiales, el juez declaró "extintas" todas las comisiones rogatorias de ayuda judicial que ha tramitado desde hace años a Guatemala. En su documento indica que la Administración de este país, con sus decisiones, ha dejado entrever que "acepta y asume la violación de sus obligaciones internacionales y de su propia ley nacional", vulnera los tratados bilaterales con España e ignora "la obligación asumida por todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar tal delito".

Pedraz investiga a seis procesados, entre los que destaca el general Efraín Ríos Mont, jefe del Gobierno entre 1983 y 1986 y actual diputado nacional, por un genocidio en el que se calcula que hubo más de 250.000 víctimas -unas 45.000 aún desaparecidas-, y que obligó a abandonar sus hogares a un millón y medio de personas, de las que unas 150.000 tuvieron que exiliarse a México para huir de las continuas masacres en aldeas. La investigación también incluye el episodio del asalto e incendio por la fuerzas de seguridad en 1980 de la embajada española en Guatemala, en el que murieron 37 representantes indígenas que se habían encerrado en su interior, entre ellos el padre de la premio Nobel Rigoberta Menchú.

Los primeros 30 testigos

El juez ha pedido de forma explícita la publicación de su llamamiento en todos los medios de comunicación -escritos, audiovisuales o digitales- de Guatemala y los países limítrofes (México, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Belice), pero su auto y su solicitud ha sido remitidos también por el gabinete de prensa de la Audiencia Nacional a medios de comunicación de otros muchos países del mundo.

Pedraz, ante la negativa de Guatemala a que pudiese tomar en su suelo declaración a los testigos, les escuchará en Madrid en tres tandas, de unas diez personas en cada una, entre febrero y mayo próximos. El Ministerio de Justicia se ha comprometido a asumir los gastos del viaje trasatlántico y estancia de los testigos, algunos de ellos víctimas directas o indirectas del genocidio.