Los tres procesos que aún tiene pendientes el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, volverán a abrirse después de un bloqueo de diez meses al anular ayer en parte el Tribunal Constitucional (TC) su enésima ocurrencia para burlarlos. Se trata de la llamada ley del legítimo impedimento, que se basaba en su presunta imposibilidad de acudir a los juicios debido a que son incompatibles con su agenda de compromisos oficiales.

Es una alegación permitida que se valoraba caso por caso y vista por vista, pero Berlusconi la convirtió en un escudo permanente, renovable cada seis meses, para el que bastaba su propia autocertificación de que estaba muy ocupado y obligaba al juez a aceptarla sin más. De este modo sus juicios se pararon.

El Constitucional, según el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ha rechazado los dos artículos clave de la norma por 12 votos contra tres: debe ser el juez quien valore en cada ocasión la alegación del imputado.

Sumada a la crisis política del Gobierno, con una mayoría precaria que impide al magnate las maniobras que planeaba para paliar el revés, la decisión desmonta su estrategia para evitar el banquillo. Y no hay que olvidar que evitar ser procesado es en realidad una de las principales prioridades de Berlusconi en el poder, si no la principal. Está por ver, por tanto, si en medio de la crisis esto le acercará a la idea de las elecciones anticipadas, tentación que encaja en su línea tradicional de defensa ante la Justicia, demagogia de libro: quien decide el Gobierno es el pueblo y no los tribunales.

Una mayoría de italianos, desde luego, lo ha avalado a sabiendas en los últimos 17 años. Pero ahora los sondeos no son nada claros y el cuadro político es enrevesado. De momento su partido, el PDL, tiró ayer del repertorio más populista y denunció "la subversión de los principios democráticos" al establecerse "la superioridad del orden judicial respecto al democrático". Berlusconi calló y hoy hablará en televisión, como es su costumbre, evitando el ámbito institucional.

Ganar tiempo

No obstante, se supo que considera que la sentencia representa un "compromiso aceptable". Sin embargo, Berlusconi habría asegurado a sus más estrechos colaboradores que "la decisión no influirá de ningún modo en el Ejecutivo" y que "está tranquilo" porque su Gobierno "seguirá adelante", según informó 'Corriere della Sera'.

En cualquier caso el líder del centroderecha ha logrado el objetivo habitual de estas leyes que torpedean sus procesos, ganar tiempo, en este caso casi un año, y además sabe que a estas alturas es difícil que ninguno de sus tres juicios pendientes llegue a su fin.

En todos, como siempre, se cierne la prescripción, entre los lastres de la Justicia italiana y los ardides de sus abogados. Dos procesos son por fraude fiscal -casos Mediaset y Mediatrade- y en el tercero, el caso Mills, está acusado de sobornar a un testigo para que mintiera en dos de sus juicios anteriores. En el caso Mills, el más claro, quizá se llegue a una sentencia de primera instancia en un año, que no es firme, antes de quedar anulado.

Pero aunque le condenen da igual. En el juicio al otro imputado, el beneficiario del soborno, el Supremo ya confirmó que el delito se había producido, pero Italia parece haberse acostumbrado hace tiempo a este nivel moral y nunca ha tenido consecuencias políticas.

Aunque la decisión del Constitucional, que se aplazó hace un mes para que no irrumpiera en la moción de censura que decidía la caída o la permanencia del Gobierno, afecta a los planes de Berlusconi.

Aquella votación le dejó vivo por solo tres votos y lleva semanas de tanteos para ver si logra algún nuevo apoyo, aunque de momento se ha centrado en seguir fichando diputados de la oposición para ir tirando.

Es un problema ahora que se ha caído el apaño que el magnate había improvisado después de que, en octubre de 2009, el Constitucional rechazara su ley de inmunidad judicial por segunda vez.

La norma sobre el legítimo impedimento, que le daba un blindaje de 18 meses -pues permitía tres veces el parón de seis meses en los procesos- estaba pensada como una solución puente, pues durante ese tiempo el plan del líder del centroderecha era nada menos que cambiar la Constitución para colar la inmunidad judicial de una vez por todas.

Sin embargo entretanto el escenario ha cambiado, pues su coalición de Gobierno se ha roto y ya no tiene la mayoría de dos tercios exigida en el Parlamento para esta reforma.

Los abogados de Berlusconi opinaron que la base general de la norma ha sido reconocida como "válida" y "eficaz" y por ello se mostraron "satisfechos", aunque criticaron que con su decisión la Corte puede entorpecer la labor de Gobierno. Asimismo, indicaron que el fallo sobre el legítimo impedimento "se basa en un equívoco sobre la naturaleza de la norma". Según aclararon, el veredicto "no tiene en cuenta" el hecho de que "ha sido ya probada" la objetiva imposibilidad de una "leal colaboración" con los jueces.