Las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo (RDC) han asesinado a 500 personas y detenido y torturado a otras mil consideradas opositoras, desde los comicios que ganó hace dos años el actual presidente, Joseph Kabila, según un informe de Human Rights Watch (HRW) presentado en Kinshasa.

El informe también responsabiliza a los Gobiernos extranjeros, que financiaron las elecciones de 2006, de apoyar al régimen de Kabila "y guardar silencio sobre los abusos de los Derechos Humanos y la creciente represión del Gobierno" en el periodo transcurrido hasta la actualidad.

Además, HRW señala que "los informes de la ONU documentando la implicación del Gobierno en delitos con motivación política fueron deliberadamente enterrados o publicados demasiado tarde para no tener un impacto importante", mientras el Gobierno de Kabila trataba de bloquear las investigaciones de la ONU.

"La brutal represión contra los que se consideran opositores se inició durante las elecciones de 2006 que llevaron al presidente, Joseph Kabila, al poder y continúan en la actualidad", recalca el texto, presentado por Anneke Van Woudenberg, investigadora del Departamento de África de HRW.

El informe, titulado "Os vamos a aplastar: La restricción del espacio político en la República Democrática del Congo", apunta que el propio Kabila impartió las órdenes para "aplastar" y "neutralizar" a los "enemigos de la democracia", con el fin de eliminar a sus oponentes.

"Mientras todo el mundo está atento a la violencia en el este del Congo, los abusos del Gobierno contra los opositores políticos llaman poco la atención", aclaró Van Woudenberg.

Para ella, "los esfuerzos para construir la democracia en el Congo son sofocados, no sólo por la rebelión (guerrillera contra el régimen), sino también por la represión del Gobierno de Kabila (contra los opositores)".

Nkunda, también culpable

El documento acusa, además, a las fuerzas gubernamentales y a los rebeldes tutsis del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), que encabeza Laurent Nkunda, de "horribles atrocidades" en el este del Congo y al Gobierno de una "brutal represión" de los opositores en el occidente del país.

"Los agentes estatales trataron de encubrir sus crímenes arrojando los cuerpos al río Congo o enterrándolos en secreto en fosas comunes", dice el documento, que responsabiliza de ello, sobre todo, al grupo paramilitar de los Guardias Republicanos, el batallón especial "Simba" de la policía y los servicios de inteligencia.

El principal objetivo de la represión han sido los seguidores del ex candidato presidencia Jean Pierre Bemba, que fue el rival político de Kabila en los comicios de 2006, así como los partidarios del Bundu Dia Kongo (DDK), un grupo promotor de una mayor autonomía de la región del Bajo Congo.

Sin embargo, el informe también señala como responsables de diversos asesinatos a grupos armados relacionados con Bemba y el BDK.

Los periodistas a los que se relaciona con la oposición o que han denunciado abusos de las autoridades también han sido "amenazados, detenidos arbitrariamente y en algunos casos torturados por agentes del Gobierno", añade el informe.

La Asamblea Nacional ha intentado investigar la conducta del Gobierno y algunos miembros de la oposición han boicoteado las sesiones del Parlamento en protesta por las violaciones de los derechos humanos, "pero no ha sido suficiente para evitar las matanza y las detenciones masivas y arbitrarias", dice HRW.

Las autoridades congoleñas, indica el grupo de defensa de los Derechos Humanos, "se han negado a reconocer los abusos cometidos por los agentes del Estado en las investigaciones llevadas a cabo por la Asamblea Nacional, medios de comunicación y grupos sociales y han asegurado que las víctimas planeaban golpes de estado o amenazaban la autoridad, sin aportar pruebas convincentes".

Por este motivo, Human Rights Watch ha reclamado al Gobierno de Kabila que establezca una fuerza, bajo la autoridad del Ministerio de Justicia, para investigar los abusos de los agentes estatales y liberar a todos los detenidos ilegalmente.

Paralelamente, ha solicitado a la Asamblea Nacional que lleve a cabo una investigación pública sobre "los abusos de los agentes de seguridad estatales con el fin de juzgar a los responsables".