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BIRMANIA

Birmania blinda Rangún para evitar protestas en el primer aniversario de la 'Revolución Azafrán'

Organizaciones humanitarias denuncian que la represión, lejos de acabar, se ha incrementado en este tiempo.

La Junta Militar birmana realizó un despliegue casi sin precedentes en la antigua capital de Rangún, la ciudad más grande del país, blindándola con miles de efectivos de las fuerzas de seguridad y barricadas para evitar protestas y altercados en el primer aniversario de la 'Revolución Azafrán', una de las mayores movilizaciones civiles que ha visto el país asiático y que fue encabezada por los monjes budistas para pedir reformas democráticas.

Rangún amaneció con numerosos camiones del Ejército patrullando las calles y furgonetas de la Policía vigilando en particular las pagodas de Shwedagon y Sule, situadas en el centro de la ciudad y centros sagrados del Budismo de donde partieron las masivas marchas de septiembre 2007, que reunieron a cientos de miles de personas.

Según activistas de la oposición, la seguridad fue especialmente incrementada en las inmediaciones de la vivienda donde la líder opositora Aung San Suu Kyi lleva 14 de los últimos 19 años bajo arresto domiciliario, y delante del edificio que alberga el Gobierno de la ciudad, donde una pequeña bomba explotó este jueves, causando heridas a siete personas.

Aunque ningún grupo ha reclamado la autoría del ataque, es habitual que después de incidentes como éste la Junta Militar que gobierna el país desde 1962 acuse a los activistas prodemocráticos o a grupos guerrilleros que luchan desde la selva del norte tras la independencia de Reino Unido en 1948.

Sin embargo, un diplomático asiático sugirió que, aunque es muy difícil conocer la identidad de los responsables, es posible que haya sido el propio Ejército del país con el objetivo de justificar su continua presencia en Rangún.

Cruenta represión

Conocida como la 'Revolución Azafrán' por el color del hábito de los monjes budistas que lideraron las protestas, la revuelta de hace un año fue brutalmente disuelta por las fuerzas de seguridad, causando así la muerte de, según las cifras oficiales, 15 personas, o según los activistas opositores, de más de 200, entre ellas muchos religiosos y un periodista japonés.

Durante casi una semana, cientos de miles de birmanos salieron a las calles para exigir la desaparición del régimen militar sin que las autoridades intervinieran, aunque sí advirtieron con "actuar bajo la ley vigente". Pero en la madrugada del 25 al 26 de septiembre las fuerzas de seguridad comenzaron a sofocar las cada vez más masivas marchas con gases lacrimógenos, porras y disparos contra la población desarmada.

Las manifestaciones recordaron a la población el espíritu de 1988, cuando nació el movimiento democrático en Birmania, encabezado por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), que en 1990 ganó con más de un 90 por ciento de los votos las elecciones generales convocadas por el régimen, resultados que después fueron tirados por tierra, no siendo reconocidos por la Junta Militar.

Fue a partir de ese año cuando la premio Nobel de la Paz fue puesta en arresto domiciliario. Las protestas se hicieron cada vez más silenciosas, pero en 2007 estalló de nuevo el movimiento contestatario a raíz de que el Gobierno doblara sorpresivamente el precio del combustible y otros productos básicos.

Miles de personas -se habla de unos 6.000- fueron arrestadas tras las manifestaciones, muchas de las cuales continúan en cárceles del país en pésimas condiciones, según han denunciado distintas ONG y los activistas opositores. Incluso hoy día las fuerzas de seguridad siguen deteniendo a gente a la que relacionan con las protestas.

Es el caso de la activista Nilar Thein, líder estudiantil de las marchas de 1988 quien a principios de este mes fue detenida por organizar supuestamente las manifestaciones del año pasado. Su marido también fue arrestado en agosto por participar en las mismas.

Continúan las detenciones

La Junta Militar asegura que sólo unos cuantos de los detenidos el año pasado continúan detenidos, pero grupos pro Derechos Humanos afirman que 700 personas siguen entre rejas en distintos centros de todo el territorio.

Así, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció hoy, con motivo del primer aniversario de la 'Revolución Azafrán', que la represión no sólo no ha cesado en Birmania, sino que se ha incrementado en estos 12 meses, y recordó que aún hay unos 2.100 presos políticos.

Para Human Rights Watch, la comunidad internacional es responsable de fallar en este aspecto a la hora de exigir reformas políticas reales. "El pasado septiembre, la población birmana desafió valientemente a sus gobernantes militares y fueron respondidos con violencia y desprecio", recordó la subdirectora para Asia de la ONG, Elaine Pearson.

"La represión continúa. Mientras que un puñado de activistas políticos han sido liberados, muchos son detenidos y miles continúan en prisión", señaló Pearson, quien, aunque reconoce que siete activistas están entre los miles de presos que recientemente fueron puestos en libertad, unos 39 fueron arrestados sólo en estos dos últimos meses.

Aunque esta misma semana las autoridades pusieron en libertad al preso político más antiguo, el periodista de 79 años Win Tin, quien ha permanecido 19 años en prisión de una condena de 20, un miembro de la LND fue arrestado sólo 24 horas después de ser liberado de una prisión de Katha, localidad situada a unos 1.000 kilómetros al sur de Rangún, informó un portavoz del partido.

En los mismos días, la Junta Militar anunció la puesta en libertad de 9.002 prisioneros como un gesto de "bondad y buena voluntad" y por "consideración social a sus familias", según los medios estatales, con el objetivo de que tomen parte en las elecciones previstas para 2010.

En un comunicado, Human Rights Watch denuncia además que las autoridades birmanas no han hecho nada para llevar justicia a los responsables de los homicidios extrajudiciales, los arrestos arbitrarios y la tortura durante el último año.

Negociaciones infructuosas

Después de las manifestaciones de 2007, Naciones Unidas nombró a un enviado especial que negociara con la Junta Militar con vistas a una futura reforma democrática. El político nigeriano Ibrahim Gambari ha visitado el país en cuatro ocasiones, en las que se llegó a reunir con el líder del régimen, Than Shwe, y la opositora Suu Kyi, pero su labor no ha dado ningún fruto.

Para HRW, la comunidad internacional "ha permitido a los gobernantes birmanos continuar en un diálogo infructuoso", por lo que urgió a acometer "acciones reales".

Las conversaciones a lo largo de este año entre Gambari y la Junta Militar han estado centradas principalmente en la 'hoja de ruta' diseñada por el régimen para llevar a cabo una transición a la democracia que culminaría en elecciones generales en el año 2010, pero éstas se basarían en un proyecto de Constitución que reserva un cuarto de los asientos del futuro Parlamento al Ejército. Por ello, la Carta Magna propuesta no ha sido aceptada por la oposición.

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