El reconocimiento del gobierno de Hugo Chávez de que la Guardia Nacional destruyó dos puentes peatonales fronterizos aumentó aún más la tensión con Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe calificó de "muy grave" y de "agresión bastante preocupante" el hecho pero adelantó que no caerá en provocaciones.

Uribe dio instrucciones precisas: "nada de provocaciones verbales. Nada de desafíos verbales. Lo que hay que hacer es, mientras no haya diálogo bilateral, acudir a los organismos internacionales". Bogotá prepara una denuncia que presentará ante la ONU y la OEA por la destrucción de los pasos artesanales.

El mandatario conservador colombiano, comentó que era "muy mal oyente". Es un defecto para el canto, pero "una cualidad para la política: Soy muy sordo. Y además como conozco mi temperamento, hay cosas que no puedo oír". Agregó que tenía "en cuarentena" su mal genio, "por este oficio de la presidencia".

Se refería a los últimos calificativos lanzados por Chávez desde que en agosto pasado se conoció el pacto entre Colombia y Estados Unidos: "mafioso", "traidor" y "lacayo del imperio", entre otros.

La sordera le permite a Uribe mantener la "prudencia del gobierno y del presidente", que dijo "eran inagotables".

Desde Caracas, no veían nada malo en la destrucción de unos pasos fronterizos "ilegales" sobre el río Táchira, que unen las provincias del Norte de Santander (Colombia) y de Táchira (Venezuela) que posibilitaban el trasiego de drogas y de grupos irregulares. La frontera común de más de 2.200 kilómetros es permeada tanto por guerrilleros, como por paramilitares y narcotraficantes.

El ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, afirmó que el derribo con explosivos de los puentes afectaban a la población civil y eso no lo "podemos aceptar".

El trasfondo de la nueva disputa es el acuerdo para que durante los próximos diez años las tropas estadounidenses utilicen siete bases colombianas. Según Chávez, es una amenaza para la revolución bolivariana y para los gobiernos de izquierda de Sudamérica.