Amnistía Internacional (AI) denunció que en el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui el pasado 8 de noviembre y en los disturbios posteriores en El Aaiún los derechos humanos fueron “pisoteados” y se recurrió a un “uso excesivo de la fuerza”.

En un informe hecho público ayer, insta a las autoridades a emprender una “investigación en profundidad, independiente e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos” que, asegura, tuvieron lugar ese mes.

La delegación de AI que visitó la capital administrativa del Sahara en la segunda mitad de noviembre no encontró “pruebas que apoyen la versión oficial de que algunas personas estaban retenidas en el campamento en contra de su voluntad” y denunció que el desmantelamiento “fue acompañado de considerable violencia”. “Manifestantes saharauis relataron que los agentes les golpearon con palos y rasgaron sus tiendas para forzarlos a irse”, recoge el documento, que puntualiza que “hubo una seria resistencia de algunos acampados, que tuvo como resultado la muerte de nueve agentes”.

La organización corrobora el balance oficial de víctimas, en el que a esos nueve militares se suman otros dos que fallecieron en los altercados en El Aaiún, y otros dos civiles saharauis que murieron “en circunstancias que aún no han sido aclaradas por completo”.

Sin embargo, manifiesta sus reservas sobre el vídeo difundido por Marruecos como prueba de su versión de los hechos, que “solo comprende 14 minutos de contenido claramente editado”, por lo que ha pedido que se le proporcione una copia completa, que considera imprescindible para comprender lo sucedido.

El texto rebate además las declaraciones del ministro marroquí del Interior, Taieb Cherkaui, que aseguró que las fuerzas de seguridad no efectuaron “ni un solo disparo”, al recoger “varios casos en los que hombres y mujeres saharauis fueron heridos por balas de goma en el campamento y por balas de fuego en El Aaiún”.

Por otro lado, el embajador estadounidense en Rabat, Samuel L. Kaplan, considera que Marruecos gestionó el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar “de forma desastrosa” y atribuye la resolución del mismo a la presión de_EE. UU. y Francia y, “en menor medida”, de España, según un documento filtrado por Wikileaks.