La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, aplica "medidas represivas" a las comunidades romanís, después de que anunciara la obligatoriedad de tener visado y de estar censados para poder votar.

En opinión de AI, estas medidas "refuerzan los estereotipos negativos que contribuyen a la discriminación", indicó la organización en un comunicado. AI hizo hincapié en "lo alarmante" que resultan esos anuncios ya que, según aseguran, sólo facilitan las evacuaciones de los campamentos de gitanos y la puesta en marcha de "medidas de alejamiento por razones de orden público".

Agregan que, además, van en contra de los derechos fundamentales de estas personas y "en Francia deberían ser inadmisibles".

La organización internacional recuerda el comunicado del Elíseo en el que el miércoles se afirmara que "los nómadas tienen que tener los mismos derechos pero también las mismas obligaciones que cualquier ciudadano francés".

Sarkozy adoptó esta decisión en una reunión convocada tras los disturbios que sucedieron después de que, el pasado 16 de julio, un coche se saltara un control de carretera e intentara escapar de la policía en el departamento de Loire-et-Cher, lo que propició una persecución en la que resultó muerto por impacto de bala Luigi Duquenet, de 22 años.

La localidad sufrió las consecuencias de los disturbios, entre ellos el ataque de medio centenar de personas al cuartel de la Gendarmería que conllevó un imponente despliegue policial en la zona con un dispositivo de 300 agentes de las fuerzas de seguridad.

Competencia francesa

La Comisión Europea (CE) ha afirmado que esta decisión es sólo competencia del Estado francés. "Es asunto de Francia decidir su legislación sobre esta materia. Sólo podemos decir que la expulsión de individuos deberá tratarse caso por caso y que deberá regir el criterio de proporcionalidad", indicó un portavoz de la CE.

Según Bruselas, cuando un Estado de la UE se plantea expulsar a un ciudadano comunitario realiza un "test de proporcionalidad", en el que tiene en cuenta la gravedad de sus antecedentes, su situación familiar y laboral y el periodo que llevaba residiendo en el territorio, entre otras cuestiones.