España denuncia en La Haya las ilegalidades de la ocupación israelí de Palestina
Allí algunos de los 52 países y tres organizaciones internacionales que han intervenido durante las audiencias de la CIJ expusieron sus alegatos cargados de emociones
Las dos preguntas que se pusieron sobre la mesa de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) versaron sobre las consecuencias legales que tiene la prolongada ocupación israelí, que dura ya 57 años, sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, y cómo afectan las prácticas de Tel Aviv al la legalidad de la ocupación. En ese marco, algunos de los 52 países y tres organizaciones internacionales que han intervenido durante las audiencias de la CIJ expusieron sus alegatos cargados de emociones, pero España, que dispuso de 30 minutos en la jornada de cierre de este lunes, prefirió bucear en el contexto legalista con un discurso árido pero bien documentado.
Es la primera vez en la historia del CIJ que tantos países piden participar en una de sus audiencias, testimonio de la importancia del tema. El actual proceso por el que se le ha pedido a la corte una opinión, sin carácter vinculante, no está relacionado con la denuncia de genocidio que presentase Sudáfrica. Este caso comenzó con una consulta en diciembre de 2022 que el secretario general de la ONU, António Guterres, transmitió por carta al CIJ mucho antes de que comenzase la masacre de Gaza. Con todo, EE. UU. utilizó su intervención para reclamar al resto del mundo que se haya olvidado tan pronto de lo que ocurrió el 7 de octubre, dijo su representante, Richard Visek, consejero legal adjunto del Departamento de Estado, que no presentó ninguna defensa legal, porque no la tiene.
España analizó la cuestión de la jurisdicción de esta corte, extremo que algunos participantes niegan, para lo que abundó sobre la responsabilidad de los Estados "en casos de serias violaciones a la legalidad internacional". Hubo que remontarse hasta el conflicto armado de 1967, cuando las fuerzas israelíes ocuparon Palestina tras finalizar el mandato británico, para empezar a nombrar las resoluciones, al principio "unánimes e inmediatas" del Consejo de Seguridad, que con la 242 pedía la inmediata retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados y reconocía la integridad política y territorial de cada Estado en la región.
"La corte y la Asamblea General han reivindicado siempre el principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorios por medio de la guerra", recordó el director adjunto de la oficina legal internacional española. Aunque Israel finalmente retiró su presencia civil y militar de Gaza en 2005, mantuvo pleno control de sus fronteras por lo que, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad, España considera que sigue siendo uno de los territorios ocupados desde 1967.
"Una discriminación institucional"
"Se ha establecido que las medidas tomadas en relación con Jerusalén y la construcción del muro están en violación del derecho internacional", recordó España, "y no solo porque son contrarias a la Cuarta Convención de Ginebra, sino porque impiden al pueblo palestino el ejercicio de su derecho de autodeterminación".
España también denunció la "detención administrativa" que ejercen las fuerzas israelíes sobre individuos a los que no se les imputa ningún delito, en violación de las leyes internacionales, que solo la consideran permisible "en circunstancias muy estrictas". Así mismo, la fragmentación jurisdiccional de Palestina representa "una discriminación institucional", denunció Santiago Ripol, jefe de la oficina legal internacional española.
Con la intervención de países como España, Turquía y Fiji en la última jornada concluyen las audiencias que harán reflexionar al tribunal sobre esta cuestión legal. Habitualmente la corte se toma seis meses para emitir sus opiniones, pero podría hacerse eco de la urgencia del caso.
