El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente de Argentina, Javier Milei, choca ya con su primer obstáculo legal. La Justicia decidió este miércoles suspender una parte clave de su megatexto que imponía una reforma laboral alineada con su política de austeridad. Su lema de Gobierno 'No hay plata' también había tocado las condiciones de empleo de los argentinos con una polémica normativa que ahora queda sin efecto tras un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) -la mayor central obrera del país- puso freno a los cambios que habían entrado en vigor el pasado 29 de diciembre. Su famoso 'shock' económico con el objetivo de recortar el gasto público y levantar la decadente economía del país motivó la nueva regulación que implicaba la extensión de los periodos de prueba en las empresas, la reducción de las licencias por embarazo y contemplaba las jornadas de hasta 12 horas. También pretendía reducir las aportaciones y contribuciones de jubilación, así como las indemnizaciones y las multas por registro deficiente de los trabajadores, al tiempo que limitaba hasta casi anular el derecho a huelga.

El anuncio del DNU que derogaba o modificaba más de 300 leyes -firmado el pasado 20 de diciembre- volcó a las calles en dos ocasiones a miles de argentinos descontentos con su decreto que elude pasar primero por el Parlamento. La ordenanza ya acumula en los tribunales más de una decena recursos en su contra, uno de ellos acusa a Milei penalmente por "abuso de autoridad" y por "traición a la patria".

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La suspensión de la Cámara de Apelaciones es una medida provisional hasta que se discuta la validez del decreto en el Congreso. El fallo cuestionó la "necesidad" y la "urgencia" del apartado. Según uno de los jueces que votó a favor de la suspensión, Alejandro Sudera, no se evidencia objetivamente la premura de adoptar las numerosas medidas. El presidente justifica sus intervenciones con que "Argentina requiere un cambio de rumbo urgente para evitar un desastre mayor". Mientras, el sindicato de trabajadores, de mayoría peronista, tilda el decreto de "regresivo" y de "atentar" contra los empleados.

Revisión constitucional pendiente

El Ejecutivo, por su parte, anunció que recurrirá la decisión, según el procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra. El caso escalaría entonces a la Corte Suprema, donde ya se encuentra una denuncia contra el DNU por parte del Gobierno provincial de La Rioja, en el oeste del país. El máximo tribunal argentino analizaría en febrero la "inconstitucionalidad" del compendio de leyes.

Éste es el primer revés de la Justicia a Milei en menos de un mes de su llegada al poder. El mandatario se podría enfrentar a un panorama complicado para llevar a cabo sus propuestas. Su "motosierra" se paraliza temporalmente y teme que la pugna que ya tiene con el Poder Judicial también se desate en el Legislativo. El Gobierno tiene ahora un largo terreno que allanar en el Parlamento, pues el oficialismo cuenta con minoría en el Congreso: solo tiene 38 de 257 diputados y siete de 72 senadores.

El peronismo y la izquierda ya han expresado su total rechazo a las iniciativas de Milei. Sobre la mesa no sólo está su polémico decreto de urgencia, también se encuentra la 'Ley Ómnibus' con más de 600 cambios legales. Uno de los más destacados es la declaración del 'estado de emergencia' que dotaría al mandatario de "superpoderes" para gobernar sin necesidad de pasar antes por la aprobación de las Cámaras.

El tijeretazo de Milei ya había dejado a unos 7.000 funcionarios públicos sin empleo después de no autorizar la renovación de los contratos de menos de un año de antigüedad y ayer canceló el pago de los salarios a los obispos. El Estado argentino corta así sus relaciones con la Iglesia Católica.

"Esto coincide con los lineamientos de este Gobierno: la austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto. Entendemos que el Ejecutivo no tiene por qué dar un tratamiento desigual a una religión sobre otra", adujo el portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni. La asignación económica para un centenar de sacerdotes era de unos 55.000 dólares (unos 50.300 euros) al mes, y no se actualizaba desde hacía varios años, según la prensa argentina. La histórica decisión pone fin a un acuerdo alcanzado en 2018 por la Conferencia Episcopal con el anterior mandatario, Alberto Fernández.