El aumento de las llegadas irregulares presiona a la UE para cerrar el pacto

 La llegada de miles de migrantes a las costas italianas y el colapso de la isla de Lampedusa han recordado a Europa la crisis migratoria de 2015. Los datos más recientes que maneja la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) dibujan un panorama alarmante: de enero a abril de este año las entradas irregulares a la Unión Europea (UE) por vía marítima se han triplicado respecto al mismo periodo de 2022 y suponen ya la cifra más alta desde que la institución comenzara a recopilar estos datos en 2009.

«En lo que va de año hemos registrado más de 250.000 llegadas irregulares a los países europeos, la mayoría a través de la ruta del Mediterráneo central -una de las más mortíferas en el camino a Europa-», destacó la comisaria de Interior, Ylva Johansson. La presión migratoria ha aumentado especialmente en Italia (que ha recibido casi la mitad de esos migrantes) y en las islas griegas de Lesbos y Samos. También se han visto afectadas, aunque en menor medida, las Islas Canarias y los países que hacen frontera con Bielorrusia.

A las llegadas irregulares se suman 600.000 nuevas peticiones de asilo que se están tramitando en la UE. La mayoría de los solicitantes son refugiados sirios y afganos, que son reubicados principalmente en Alemania (acoge al 30% de asilados), España (17%) y Francia (16%), según datos de Eurostat. «Estas cifras demuestran que estamos ante un desafío europeo», apuntó Johansson, quien aseguró que «los Estados miembros son más conscientes que nunca de que sus desafíos también dependen de cómo actúen el resto de países europeos».

Gestión por países

Pero hasta ahora los Veintisiete han diferido sobre la forma de afrontar la crisis migratoria. En Italia, el país con más llegadas irregulares, de poco ha valido la «mano dura» que defendía su presidenta, Georgia Meloni, que exigió crear una «misión naval» europea con barcos militares para frenar las llegadas.

El aumento de la migración irregular también amenaza con crear una brecha en el Gobierno alemán. Los Estados federados afectados por el flujo migratorio creciente han exigido al canciller Olaf Scholz un pacto de estado para limitar la acogida a 200.000 personas por año.

En el caso de Bélgica, el Ejecutivo de Alexander De Croo ha suspendido temporalmente la acogida de hombres refugiados solteros ante el «flujo creciente de familias con niños». Las autoridades aseguran estar desbordadas y apuntan que existe una escasez de alojamientos. Los críticos, en cambio, ven una falta de voluntad política.

La avalancha de llegadas a Lampedusa presiona a la UE para lograr un consenso y dar una respuesta unida. Los Veintisiete están más cerca que nunca de cerrar una postura común sobre una pieza clave del Pacto de Migración y Asilo, que permitirá desbloquear las negociaciones sobre este reglamento con el Parlamento Europeo. Este punto crítico está en la herramienta que determina distintas medidas de solidaridad, como cupos de acogida y compensaciones financieras en caso de una crisis migratoria. El documento ya ha recibido el visto bueno de Alemania y lo previsible es que salga adelante en los próximos días con una mayoría cualificada y con el voto en contra de Polonia, Eslovaquia y Hungría.

Discursos antiinmigración

El tiempo apremia: la Presidencia española del Consejo Europeo trabaja para lograr un acuerdo, ya que existe el temor de que si no sale adelante, el reglamento quedará bloqueado con la configuración de la nueva Eurocámara tras las elecciones de junio de 2024. Preocupa especialmente cómo se reflejarán en estos comicios el cambio de gobierno en Italia, además del que se puede producir en los próximos meses en Países Bajos. La candidata liberal, Dilan Yesilgöz-Zegerius, llamada a ser la sucesora de Mark Rutte, es conocida por su postura contraria a la migración. Su campaña lleva el lema 'Defender las fronteras' y ha propuesto limitar las reagrupaciones familiares de refugiados en el país, con una lista de espera mínima de dos años.

Los movimientos de ultraderecha europeos abrazan este tipo de discursos populistas y van ganando fuerza. El Partido Popular danés; el Partido del Progreso, en Noruega; el Partido de los Finlandeses... Además de los gobiernos de Polonia y Hungría, la ultraderecha tiene una gran presencia en Suecia, donde el movimiento extremista Demócratas de Suecia se convirtió en la segunda fuerza más votada en los últimos comicios de 2022. Este tipo de formaciones lograron el 26% de los votos en las últimas elecciones de Suiza y en Francia Marine Le Pen obtuvo el 23% de las papeletas.

Ante este panorama, Alemania cambió esta misma semana su postura respecto al mecanismo de gestión de crisis del Pacto de Migración y Asilo. A pesar de no estar totalmente satisfecha con el contenido del reglamento, la titular de Interior germana, Nancy Faeser, explicó que «vemos la necesidad de modificar algunos puntos, pero creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad». Ahora solo queda pulir «matices» a nivel técnico para lograr un acuerdo formal a nivel de embajadores.

Los acuerdos con los países de origen

La presidenta italiana, Georgia Meloni, aseguró recientemente que es necesario «luchar contra las salidas ilegales, porque de lo contrario las cifras de este fenómeno abrumarían primero a los Estados fronterizos y luego a los demás». Y sobre esta misma premisa se sustenta la política migratoria de la Comisión Europea.

Bruselas trata de cerrar pactos con terceros países para contener los flujos migratorios y acelerar los retornos, acuerdos como los que ya se firmaron en su momento con Turquía y Libia.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, viajó a Túnez para que luche contra la migración irregular y las organizaciones de tráfico de personas. Según este pacto, el país norteaficano recibirá 105 millones de euros para frenar las salidas desde sus costas, desde donde parte un gran número de embarcaciones con destino a Sicilia.

Sin embargo, Túnez, que se encuentra sumido en una deriva autoritaria a manos de su presidente, Kais Said, ha asegurado que no actuará como «guardia fronteriza» de la UE y que solo permitirá la repatriación de sus nacionales.

En paralelo, la Unión Europea también trata de cortejar a Egipto. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, se reunió en mayo pasado con su presidente, Abdelfatah al Sisi, para debatir sobre los flujos migratorios. Tras el encuentro, Borrell anunció una ayuda financiera inmediata de 20 millones de euros para la gestión migratoria y de otros 80 millones para reforzar la vigilancia de las fronteras y las actuaciones de la guardia costera egipcia.