Amnistía Internacional acusa a España y Marruecos de "crímenes de derecho internacional" en la frontera de Melilla
Murieron al menos 37 personas del África subsahariana que intentaban cruzar desde Marruecos a España y 77 siguen desaparecidas desde entonces.
Amnistía Internacional ha acusado a España y Marruecos de cometer "crímenes de derecho internacional" el pasado 24 de junio en la valla de Melilla, donde murieron al menos 37 personas del África subsahariana que intentaban cruzar desde Marruecos a España. Además, otras 77 siguen desaparecidas desde entonces. Así lo denuncia en un informe publicado este martes, cuando se van a cumplir seis meses de la tragedia.
"Las autoridades españolas y marroquíes continúan negando cualquier responsabilidad en la masacre de Melilla. Hay una montaña creciente de pruebas de graves y múltiples violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes ilegítimas y los malos tratos a personas refugiadas y migrantes y, hasta el día de hoy, la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y el destino de las personas desaparecidas", ha declarado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
"Esto huele a encubrimiento y racismo, y echa sal en heridas ya dolorosas. Es fundamental que ambos gobiernos garanticen la verdad y la justicia por lo ocurrido ese día para evitar que vuelva a ocurrir", ha añadido.
Basándose en testimonios de testigos presenciales, imágenes de vídeo y de satélite, el informe, titulado 'Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto. Pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y Marruecos en la frontera de Melilla', detalla lo que sucedió cuando 2.000 inmigrantes y refugiados intentaron cruzar a Melilla a través de un paso fronterizo conocido como 'Barrio Chino'.
Amnistía Internacional escribió a los gobiernos de Marruecos y España para pedirles que compartieran información sobre el estado de las investigaciones y compartió con ambos un resumen de los hallazgos en noviembre pero asegura que no ha recibido respuestas.
El informe señala que los acontecimientos ocurridos aquel ese día eran predecibles y la pérdida de vidas, evitable. Así, revela que en los meses y días previos al 24 de junio, refugiados y migrantes en los alrededores de Melilla fueron objeto de crecientes ataques por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y que a muchos les quemaron y destruyeron todas sus pertenencias, lo que llevó a miles a caminar hasta la frontera.
"Nos tiraban bombas de gas y piedras"
Según apunta el documento, a medida que se acercaban, la policía les arrojó piedras y les lanzó gases lacrimógenos en espacios cerrados, y muchos de los heridos continuaron siendo golpeados y pateados mientras yacían en el suelo, semiinconscientes o inconscientes.
Amnistía Internacional recoge testimonios como el de Zacharias, chadiano de 22 años: "Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas nos tiraban de todo, bombas de gas, piedras, balas de goma, pelotas de goma. No podíamos ver nada y nos costaba respirar", relata.
A partir del Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional, un modelo 3D inmersivo y una reconstrucción visual de los hechos, el documento dibuja una perspectiva "escalofriante" de los hechos y las acciones de las fuerzas de seguridad que "pueden equivaler a tortura y pueden haber dado lugar a homicidios ilegítimos".
"Parecía que la policía marroquí nos dio espacio para llegar, luego nos acorralaron. Nos empezaron a disparar con gas, nos tiraron bombas acústicas. Todos intentaban moverse por donde podían, era un caos", explica Omer, un joven de 21 años de Sudán. Por su parte, Salih, sudanés de 27 años, asegura que la policía española les "roció los ojos" mientras la policía marroquí les "tiraba piedras a la cabeza".
Negaron una asistencia médica rápida
El informe también denuncia que ni las autoridades marroquíes ni las españolas proporcionaron asistencia médica rápida y adecuada a los heridos y que negaron el acceso a la zona a un equipo de ambulancias de la Cruz Roja, mientras decenas de migrantes quedaron desatendidos a pleno sol durante al menos ocho horas.
Un entrevistado dijo a Amnistía Internacional que los agentes de seguridad españoles obligaron a los heridos a cruzar la frontera con Marruecos a pesar de que estaban "sangrando o con heridas abiertas".
Además, Amnistía señala que muchas de las personas devueltas sumariamente a Marruecos fueron encarceladas y sometidas a nuevos abusos y violencia. Un niño sudanés de 17 años aseguró a Amnistía Internacional que él, junto con "todas las personas capturadas por la policía", fueron llevadas "por la policía marroquí a la prisión", y luego en la prisión las "golpearon con martillos en la cabeza hasta que fallecieron".
Asimismo, señala que aproximadamente 500 personas fueron trasladadas en autobús a partes remotas del país donde fueron despojadas de sus posesiones y arrojadas al borde de la carretera sin atención médica. Algunas personas dijeron a Amnistía Internacional que fueron trasladadas a la fuerza a más de 1.000 kilómetros de distancia.
La organización denuncia que ni el gobierno marroquí ni el español han publicado resultados preliminares de ninguna investigación sobre el número de personas que murieron y las causas de la muerte; que no han publicado todas las imágenes y que las autoridades españolas se han negado a abrir una investigación independiente.
También indica que las autoridades marroquíes han hecho prácticamente imposible que las familias y las ONG realicen búsquedas de desaparecidos y muertos. Jalal, hermano de Abdel Shakour Yehia, sudanés de 24 años, dijo a Amnistía Internacional: "Si mi hermano estuviera vivo, se habría puesto en contacto con nosotros, así que creo que está desaparecido".
"La fuerza ilegítima utilizada en Melilla ha dejado una mancha indeleble no solo en las manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, sino también en las manos de todos aquellos que impulsan políticas migratorias racistas, basadas en la probabilidad de infligir daño y violencia contra quienes buscan cruzar fronteras. En lugar de fortificar las fronteras, las autoridades deben abrir rutas seguras y legales para las personas que buscan seguridad en Europa", ha subrayado Agnès Callamard.
