El partido de Lula denuncia una operación policial para entorpecer el acceso a los colegios electorales
La policía habría realizado más de 560 intervenciones en las carreteras para dificultar el voto en las zonas pro-Lula. El entorno del líder del Partido de los Trabajadores pide el arresto inmediato del máximo responsable de la Policía Federal de Tráfico.
La Policía Federal de Tráfico de Brasil (PRF, por sus siglas en portugués) ha realizado al menos 560 intervenciones de fiscalización de vehículos que realizaban transporte público para electores este domingo, cuando se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en zonas consideradas favorables al candidato de izquierda, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.
La PRF habría así incumplido una orden expresa del Tribunal Superior Electoral (TSE), según los datos de control interno de la propia PRF citados por 'Folha de Sao Paulo'.
El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, prohibió el sábado expresamente que la PRF realizara cualquier operación relacionada con el transporte público de electores para no entorpecer la votación.
Mientras se realizaban estas operaciones, desarrolladas principalmente en el noreste del país y denunciadas por los propios electores en redes sociales, Moraes ha instado al director de la PRF, Silvinei Vasquez, a interrumpir de inmediato las labores de fiscalización bajo la amenaza de multa de 100.000 reales por hora (unos 18.900 euros), suspensión de funciones y arresto.
El propio Vasques publicó en la noche del sábado en Instagram un post en apoyo a Bolsonaro que borró posteriormente. "Vote 22. Bolsonaro presidente", rezaba el texto.
Intervenciones en el noreste
Según el recuento de Globo TV, hasta 272 de las primeras 549 operaciones (49,5 por ciento) corresponden al noreste del país, considerado un bastión de Lula. 59 fueron en el norte (10,7 por ciento), 48 en el sureste (8,4 por ciento) y 48 en el sur (8,74 por ciento).
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, ha manifestado al Supremo Tribunal Federal su "perplejidad" por las informaciones sobre la actuación de la PRF para "utilizar la máquina estatal para causar perjuicios al proceso electoral".
También la coalición Brasil de la Esperanza que representa a Lula ha respondido a la polémica y ha pedido la detención de Vasques y de los superintendentes regionales que no estén cumpliendo con la orden del Tribunal Superior Electoral.
Por su parte, la presidenta del Partido de los Trabajadores de Lula, Gleisi Hoffmann, ha instado a los cargos políticos del PT a presentarse en sede oficial para pedir orden de prisión contra quienes incumplan el mandato judicial.
Observadores electorales
También los observadores electorales nacionales e internacionales han manifestado "gran preocupación" por las denuncias sobre la intervención de la PRF, según fuentes bajo condición de anonimato citadas por 'Folha'.
El Centro Carter, la Organización de Estados Americanos y Transparencia Electoral Brasil participan en este proceso con misiones de observación electoral, pero por la propia naturaleza de la misión no pueden pronunciarse hasta el cierre de urnas.
Un responsable del Centro Carter ha advertido de que son "prácticas que suponen un cambio en las reglas y operaciones en medio de un proceso de votación". "Están totalmente fuera de los estándares internacionales de transparencia electoral", ha indicado, citado por 'Folha'.
La coordinadora general de Transparencia Electoral Brasil ha manifestado por su parte su preocupación por las informaciones difundidas y ha indicado que está revisando cuidadosamente lo ocurrido.
La justicia minimiza impacto electoral de los retenes
Mientras tanto, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmó este domingo que los retenes policiales no han impedido que los electores ejerzan su derecho.
"En algunos casos eso retardó la llegada de los electores, pero en ningún caso impidió que puedan votar", declaró el magistrado.
De Moraes conversó con la prensa tras una reunión con el director general de la Policía Federal de Carreteras, Silvinei Vasques, sobre quien dijo que le garantizó que las operaciones serían suspendidas y le aclaró que estaban centradas en asuntos vinculados al Código de Tránsito brasileño.
"Explicó que eran autobuses con problemas en los neumáticos, en las luces o con otras cosas contempladas en el Código de Tránsito", dijo De Moraes, quien insistió en que, aún en los casos de ómnibus fiscalizados, "ninguno fue retenido" y "todos los electores pudieron llegar a los centros de votación".
De todos modos, aclaró que el TSE investigará la situación y aseguró que, "si hubiera alguna responsabilidad" por parte de las autoridades policiales, se adoptarán "las medidas correspondientes".
Según el magistrado, la hipótesis de que la Policía seguiría órdenes del Gobierno para retener a los electores de Lula, que son mayoría en el noreste, "está totalmente fuera de la realidad".
De Moraes también dijo que, en algunas ciudades del país, fue comprobado que se violaba una determinación que imponía la gratuidad del transporte público durante la jornada electoral, pero sostuvo que esos y otros problemas registrados a lo largo de la jornada ya han sido "subsanados".
