Yolanda Becerra, coordinadora nacional de la Organización Femenina Popular (OFP) se desplaza en un coche blindado con dos guardaespaldas desde hace 20 años. En 2007 tuvo que abandonar su residencia habitual en Barrancabermeja, la capital petrolera de Colombia, porque se intensificaron las amenazas de muerte.

"Una noche entraron en mi apartamento, me golpearon y torturaron, destruyeron documentos importantes y me dieron un ultimátum", recuerda en la cafetería de un hotel de Bucaramanga mientras los dos hombres de su "esquema de seguridad" vigilan de cerca.

A la máxima responsable de la organización de mujeres más antigua de este país, que en julio cumplirá medio siglo, no le quedó más remedio que trasladarse a una localidad dormitorio de los alrededores de Bucaramanga cuando el grupo amenazante secuestró unos días después a su hermana y amenazó con matarla si no se marchaba para siempre. Desde entonces sólo regresa a la ciudad bañada por el río Magdalena, el más grande de Colombia, un par de veces al mes.

Su vehículo fue interceptado el 5 de mayo a las tres de la tarde por cuatro hombres uniformados y dos hombres de civil que se desplazaban en motocicletas y con una actitud agresiva, apuntando con armas cortas y golpeando con las culatas los cristales conminaron a descender del vehículo a todos los ocupantes. "Los protocolos de seguridad prohíben abrir el coche en una carretera. Mis guardaespaldas se identificaron como miembros de la Unidad Nacional de Protección", cuenta Yolanda.

A los pocos minutos llegaron decenas de policías y hombres de civil armados que rodearon el vehículo. En el comunicado emitido posteriormente y firmado por decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos se dice que "los ocupantes del vehículo entraron en pánico y terror ante ese despliegue". "Por suerte estábamos en un lugar con cobertura telefónica. Mis llamadas a diferentes organismos de derechos humanos consiguieron que nos trasladasen al Comando de Policía de Barrancabermeja", recuerda Yolanda.

Allí inspeccionaron el vehículo y revisaron las credenciales de los escoltas. "El máximo responsable policial presentó disculpas por lo ocurrido que justificó por la situación de seguridad de la región. Pero nosotros no aceptamos las disculpas y exigimos que se levantase un acta de lo ocurrido", explica Yolanda.

Cambio de forma

La conocida defensora de derechos humanos afirma que ha cambiado la forma de persecución. "Antes estaba más claro quién te perseguía y quién controlaba las áreas por donde transitabas. Hoy, no se sabe quién es quién y los asesinos pueden obedecer a distintos intereses. Es mucho más peligroso trabajar en Colombia", asegura Yolanda. Desde el 1 de enero han sido asesinados 75 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y más de 500 desde 2016.

Jimmy Moreno, portavoz del Congreso de los Pueblos, movimiento político y social que ha tenido un destacado papel en las movilizaciones de la última década, fue detenido el 29 de setiembre de 2021. "Me dejaron en libertad con dos restricciones: presentarme todos los meses en el estamento policial y no salir del país", explica el dirigente social. Lo acusaron de ser miembro de la estructura del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional y de rebelión.

"Ya hay un juez instructor, pero el juicio se puede demorar años. Es la forma estratégica de amenazar y neutralizar a los movimientos populares. Nos judicializan, nos estigmatizan, nos amenazan de muerte, nos obligan a desplazarnos de nuestros lugares de origen y nos asesinan con el fin de acabar con nuestro proyecto reivindicativo", cuenta el líder social. Desde 2018 han sufrido sesenta procesos judiciales y el asesinato de dos militantes en el conflictivo departamento Sur de Bolívar.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización no gubernamental que vigila las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia y que cuenta con una red de 30 corresponsales en todo el país, advirtió esta semana que el periodo electoral del 2022 ha sido el más violento contra periodistas y medios de comunicación en 10 años.

Hasta el 20 de mayo se han investigado 97 casos de periodistas amenazados, es decir uno cada día y medio. "Los periodistas que han sido amenazados trabajan en 37 medios digitales, 30 emisoras (17 de estas emisoras comunitarias), 10 medios televisivos y 5 medios impresos", informa la FLIP.

Quince medios anunciaron la suspensión de las actividades a principios de mayo por las amenazas de muerte del llamado Clan del Golfo, un grupo armado narcoparamilitar, durante el paro armado de cuatro días decretado por su cúpula criminal en siete departamentos que afectó a millones de colombianos residentes en 150 municipios. Unos cien camiones y coches fueron destruidos por no respetar las órdenes de no circular.

El Clan del Golfo también amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca (departamento de Antioquía) para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal. "Como reacción otras seis radios comunitarias decidieron suspender sus emisiones durante los cuatro días", confirmó la FLIP.

En el departamento de Córdoba, el grupo armado obligó a apagar la planta transmisora que servía a seis emisoras y en Urabá "dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar".

A principios de año, un coche bomba había sido detonado ante la sede de dos medios de comunicación en Saravena (departamento de Arauca) y 16 periodistas recibieron amenazas en los siguientes días. Este comportamiento criminal ha provocado la autocensura en múltiples medios de comunicación por miedo a las amenazas permanentes.

Durante la actual campaña electoral hasta el candidato oficialista, Federico Gutiérrez, segundo en las encuestas, ha criticado la pasividad del presidente Ivan Duque y del estado colombiano ante el chantaje de los narcoparamilitares, y ha asegurado que él hubiera utilizado a las fuerzas de seguridad para impedir el paro armado. En algunas zonas rurales los grupos ilegales son más poderosos que las fuerzas estatales.

La mayoría de los periodistas amenazados estaban cubriendo distintos aspectos del conflicto armado perenne que sufre este país desde hace décadas o casos de corrupción.

La FLIP ha presentado desde el 1 de enero 12 casos de graves amenazas contra periodistas ante la Fiscalía. "No se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de los periodistas víctimas, quienes prefieren no denunciar", recrimina este organismo.

Un periodista amenazado en Arauca es aún más contundente: "La respuesta del Estado ante mi situación de seguridad ha sido supremamente lenta. No hay ningún interés en protegernos. Sufrimos abandono, olvido y desidia".