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La UE amenaza con expedientar a Hungría al considerar "una vergüenza" su ley anti-LGTBIQ
Von der Leyen anuncia que la Comisión advertirá a Budapest por carta que la norma viola sus "valores fundamentales".
"La ley húngara es una vergüenza", así de contundente se expresaba Ursula von der Leyen este miércoles antes de confirmar que su equipo dirigirá una carta formal a Budapest en la que expresará las objeciones de la Comisión Europea a las normas aprobadas la pasada semana en el Parlamento magiar contra la comunidad LGTBIQ. Un marco normativo que prohíbe charlas sobre la homosexualidad en las escuelas o difundir anuncios -en horario infantil en televisión, por ejemplo- que reflejen la realidad de los colectivos homosexuales, bisexuales y transgénero o transmitan solidaridad con ellos.
Esta ley "claramente discrimina a la gente por su orientación sexual y va en contra de todos los valores fundamentales de la Unión Europea", así que "utilizaré todos los poderes de la Comisión para asegurar que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos de la UE", subrayaba la presidenta del Ejecutivo comunitario durante el acto de validación del plan de recuperación de Bélgica junto al presidente del país, Alexander de Croo, en una escenificación similar a la que protagonizó la pasada semana en España con Pedro Sánchez.
"He pedido a los comisarios responsables -Didier Reynders, responsable de Justicia es uno de los aludidos- que envíen una carta con nuestras inquietudes legales incluso antes de que la normativa entre en vigor" planteaba la alemana como primer paso práctico contra la medida impulsada por el Gobierno de Viktor Orban.
Declaración de catorce países
La calificación sin medias tintas y esa 'carta' llega después se de que catorce países, España entre ellos, firmasen el martes una declaración en la que se instaba al Ejecutivo comunitario, como guardián de los Tratados de la UE, a "utilizar todas las herramientas a su alcance para garantizar el pleno respeto de la legislación europea, incluyendo la posibilidad de llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)".
Hungría -desde hace tres años- y Polonia son los dos únicos socios del club comunitario que se encuentran bajo procedimiento disciplinario del Artículo 7 por violación de valores básicos vinculados a los derechos fundamentales o el Estado de derecho. Lo que, sobre el papel, implicaría dejarles sin voto en el Consejo Europeo. Un castigo que requiere la unanimidad de los Veintisiete y que parece condenado a la vía muerta por razones evidentes (ni Hungría ni Polonia se van a dar este tiro en el pie).
La ley anti-LGTBIQ de Hungría caldea el ambiente de la cumbre de líderes que se celebra este jueves y el viernes en Bruselas. El tono duro de Von der Leyen, que en los últimos días se ha enfrentado a reproches de tibieza -aunque una portavoz comunitaria aseguraba que "llevamos días estudiando la ley y se han confirmado (ahora) nuestras sospechas"-, carga sobre una reunión que en el orden del día contempla "revisar el estado de la implementación de los fondos europeos del Next Generation EU".
Unos fondos que incorporan el mecanismo de garantía de respeto del Estado de derecho. Una suerte de 'semáforo' que cerraría el flujo del dinero europeo a los beneficiarios que no cumplan con los estándares democráticos que rigen en la UE. Aunque de redacción lógicamente genérica, sin señalar a nadie, ya cuando fue acordado por los gobiernos y el Parlamento Europeo se vio clara la carga implícita contra Polonia y Hungría -de hecho ambos países amenazaron con bloquear el fondo a finales del pasado año-. El problema es que ni está claro cómo podría llegar a implementarse el mecanismo ni tampoco en qué momento del procedimiento.
