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Internacional

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Grecia condena a 4 años de cárcel a las personas que entraron de forma ilegal

En total, desde la madrugada del pasado sábado, han sido detenidas 183 personas que consiguieron atravesar la frontera terrestre con Turquía.

Refugees and migrants gather at the Turkish-Greek land border
REfugiados e inmigrantes en la frontera greco-turca
ERDEM SAHIN

Un tribunal griego condenó este lunes a los primeros detenidos por haber cruzado ilegalmente la frontera terrestre greco-turca a cuatro años de cárcel y una multa de 10.000 euros, según informaron fuentes gubernamentales.

En total, desde la madrugada del pasado sábado, han sido detenidas 183 personas que consiguieron atravesar la frontera terrestre con Turquía, pero las fuentes consultadas por Efe no pudieron precisar el número de condenados hasta ahora.

Según estas fuentes, en el mismo periodo la policía y las fuerzas armadas griegas impidieron la entrada de otras 24.203 personas.

Además, el Gobierno griego ha asegurado este lunes que la suspensión de la tramitación del asilo durante un mes es conforme al derecho internacional al tratarse de llegadas masivas de migrantes y no de entradas individuales.

En un comunicado, el Ejecutivo explicó que el intento "masivo" de "ciudadanos de países terceros" a cruzar las fronteras terrestres y marítimas de Grecia con Turquía, que, "según todas las indicaciones", está impulsado y dirigido por Ankara, constituye una "amenaza para la seguridad nacional".

El comunicado destacó asimismo que en el derecho internacional y europeo está previsto tomar medidas excepcionales en casos de situaciones de emergencia.

El Gobierno afirmó, además, que es también legal, según un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la deportación a su país de origen de personas que entraron en el país ilegalmente sin permitirseles presentar demanda de asilo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) criticó, sin embargo, las medidas del Gobierno griego y consideró que no tienen "ninguna base legal".

"Ni la convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados ni el derecho comunitario de la UE ofrecen base legal para suspender el examen de las demandas de asilo", destacó ACNUR en un comunicado. 

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