La juez Tardón solicita a Turquía la devolución de los restos de 23 militares del Yak
La magistrada de la Audiencia Nacional remite la comisión rogatoria ampliada tras una petición del Gobierno.
La juez María Tardón, titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, ha solicitado esta semana a Turquía la devolución de los restos de 23 de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003, según fuentes jurídicas.
Esta es la respuesta de la magistrada Tardón a la petición de la familia de un militar del Ala 31 de la Base aérea de Zaragoza que nunca recibió el cadáver de su hijo porque fue uno de los 30 muertos que no estaban identificados. Su cuerpo fue entregado a otra familia. La Audiencia Nacional tuvo que exhumar los cadáveres para corregir los errores.
Este proceso judicial se ha podido emprender después de que el embajador español en Turquía, Juan González Barba, confirmara el pasado mes de julio que el Instituto de Medicina Legal Adli Tip de Estambul había guardado estos restos, a pesar de los quince años transcurridos desde el accidente. Se trata de huesos y dientes, sobre todo, que utilizaron los forenses turcos para hacer las pruebas de ADN con las familias de los fallecidos, cuando acudieron a Estambul en 2004, con el ministro de Defensa, José Bono, para tomarles muestras biológicas y comprobar los errores cometidos por el equipo médico español.
Hace unos días, el Ministerio de Defensa remitió al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional una solicitud para que se ampliara la comisión rogatoria a la Fiscalía de Turquía para recuperar estos 23 restos.
El fémur enterrado en Macka
Hasta ahora, esta petición judicial se limitó a la devolución de un fémur que fue enterrado por las autoridades turcas en el cementerio de Macka (la localidad más próxima del monte Pilav, donde ocurrió el accidente aéreo) porque se encontró dos meses después del siniestro.
La juez María Tardón, titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, remitió una comisión rogatoria a Turquía sobre este hueso (el sumario lo lleva el Juzgado de Macka), poco después de llegar al puesto en octubre de 2018. Las autoridades turcas confirmaran el pasado mes de marzo su disposición a devolverlo a España.
Al consultarle el embajador de España al forense turco Omar Muslumanoglu, actualmente subdirector del Instituto Adli Tip de Estambul, se confirmó lo que había publicado HERALDO (30 de mayor de 2018), que se habían guardado estos restos aunque legalmente no era necesario.
En realidad, se había superado el plazo legal de los diez años desde el accidente, que es el límite para la custodia de unos restos humanos en un laboratorio de un Instituto de Medicina Legal.
Pero este médico forense turco fue uno de los testigos citados por los abogados de las familias de los militares en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional contra el general Vicente Navarro, el comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por los 30 errores de identificación. Los tres fueron condenados por falsedad documental y luego (salvo el general, que falleció) fueron indultados. Al comprobar cómo se había tratado a las familias en España por el Gobierno de Mariano Rajoy, los funcionarios turcos optaron por conservar los restos de los militares españoles y se lo comunicaron también a un traductor que trabaja en Zaragoza.
Ahora, fuentes jurídicas señalaron que la petición judicial de la Audiencia Nacional se encuentra ya en la Fiscalía de Turquía. Si esta lo autoriza, la solicitud llegará al Instituto de Medicina Legal de Estambul a través de los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores de Turquía y España.
El forense turco le explicó también al embajador español el pasado mes de julio el proceso judicial necesario que debían hacer para que activar la devolución de los restos. Fuentes de Asuntos Exteriores señalaron a este periódico que en estos momentos actúan en este caso con el Ministerio de Defensa, pero todavía es pronto para poder fijar las condiciones en las que se podrá realizar la devolución. Aun así, el Gobierno en funciones puede facilitar que se lleve a cabo de manera oficial o bien privadamente por la familia.
