Una coalición de cuatro estados, encabezada por California, presentó hoy una demanda contra la nueva norma de "carga pública" del Gobierno de Washington, que busca limitar el acceso a la "green card" (residencia permanente) a inmigrantes legales que reciben en EE.UU. ciertos beneficios públicos.

La querella legal, presentada en una corte del Distrito Norte de California, alega que la norma viola la garantía de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución, ya que afecta de forma desproporcionada la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía a inmigrantes no blancos.

"Esta cruel política obligaría a los padres y familias inmigrantes que trabajan en todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo. Eso es simplemente inaceptable", dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en una conferencia de prensa en Sacramento.

Maine, Pensilvania y Oregón se unieron a California y al Distrito de Columbia en la acción legal contra Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, y Ken Cuccinelli, director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.

La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante si tienen la intención de ser ciudadano o residente permanente incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención sanitaria y que subsidian el elevado coste de las medicinas, entre otros. Esta medida afectará a los niños californianos, los trabajos y por tanto la economía del estado, advierten los demandantes.

"Este último movimiento de la administración federal para demonizar a los inmigrantes es personal para nosotros, en un estado donde la mitad de nuestros hijos tienen al menos un padre inmigrante", dijo Gavin Newsom, gobernador de California. "Estamos haciendo frente a la Administración Trump en los tribunales para proteger nuestra economía, nuestras familias y nuestros valores más sagrados", agregó. 

El fiscal Becerra explicó que la demanda urge al tribunal a emitir una orden que frene la implementación de la medida, que entraría en vigor el próximo 15 de octubre. La regla afectaría a aquellos inmigrantes de California que reciban atención médica a través de Medi-Cal, apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (Programa de Asistencia Nutricional en California) y ayudas para vivienda, entre otros, precisó el fiscal.

Al presentar la nueva regla el lunes pasado, Cuccinelli dijo que la medida "pretende asegurar que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos". Newsom subrayó que la medida de "carga pública" está diseñada para crear miedo en las familias inmigrantes, y que "es cruel y amenaza la salud pública de California". Según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), en California hay 3.059.000 inmigrantes indocumentados.

Esta no es la única batalla legal que afronta la administración de Donald Trump por la norma de "carga pública", pues los condados californianos de San Francisco y Santa Clara ya presentaron una querella contra la "carga pública" el martes pasado.

La demanda conjunta alega que la nueva regla hará que los condados, dos de los más poblados del norte del estado, incurran en costes adicionales debido, en parte, a que los afectados buscarán servicios pagados y administrados por las autoridades locales.

El argumento del impacto económico también fue utilizado por trece estados que este miércoles presentaron otra acción legal contra la regla, argumentando que esta expande ilegalmente la definición de "carga pública".

"El mensaje de la administración Trump es claro: si eres rico eres bienvenido, si eres pobre no lo eres", señaló el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, en un comunicado.

Virginia, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Rhode Island acompañan al estado de Washington en la demanda.

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