La fundación de Soros abandona Hungría por las restricciones del Gobierno

La fundación de defensa de los derechos humanos del magnate George Soros ha anunciado este martes que se retira de Hungría debido a que, tras años de hostigamiento por parte del Gobierno conservador, ya no puede garantizar la seguridad de sus proyectos y de sus empleados.

"Se ha vuelto imposible proteger la seguridad de nuestras operaciones y de nuestro personal en Hungría de las arbitrarias interferencias del gobierno", aseguró Patrick Gaspard, presidente de Open Society Foundations (OSF), fundada en 1993, al justificar la medida.

Con esta decisión, Hungría pierde una institución que ha invertido en el país millones de dólares en apoyo de la propagación de los derechos humanos, el arte y la cultura, la libertad de los medios, la transparencia y la educación.

Sus responsables han dejado claro que su marcha es una consecuencia directa de la estrategia del primer ministro húngaro, el populista Viktor Orbán, que ve en las ONG independientes y críticas un peligro y un enemigo a la idea de "sociedad iliberal" que él contrapone a las "sociedades abiertas" que defiende Soros.

Balázs Hidvéghi, director de comunicaciones del partido gubernamental Fidesz, acusó este martes que la OSF de ser poco transparente y de querer ocultar el origen de su financiación.

"Seguirán presionando a favor de la inmigración hacia Hungría", agregó Hidvéghi, quien incluso dudó de que la Fundación vaya a retirarse realmente.

Ya en febrero de 2016, cuando Hungría ya había cerrado con alambradas el paso a los refugiados que huían hacia Europa Occidental por la ruta de los Balcanes, Orbán comenzó a vincularlos con el terrorismo y a atacar a las ONG que prestaban ayuda a los inmigrantes.

Ya entonces, Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, advirtió de que habían empeorado las condiciones de trabajo de las ONG en Hungría y que las organizaciones que cuestionaban las políticas migratorias del Gobierno húngaro eran estigmatizadas e intimidadas.

Un año más tarde, el Parlamento, dominado por el partido Fidesz de Orbán, aprobó una ley que obliga a las ONG que reciben dinero desde fuera del país a registrarse como "organizaciones apoyadas desde el extranjero".

Luego, en abril de 2017, se aprobó la llamada Ley CEU, en alusión a la Universidad Centroeuropea (CEU), fundada por Soros, que establecía una serie de requisitos administrativos que pusieron en peligro su funcionamiento.

Pese a esas trabas, la CEU ha cumplido con los requisitos y este martes, tras el anuncio de la marcha de la Fundación, reiteró en un comunicado "su determinación de permanecer en Budapest y de cumplir su misión de docencia e investigación" en la ciudad que ha sido su hogar durante los últimos 26 años.

Orbán ha convertido a Soros y a las ONG en sus mayores enemigos, hasta el punto de que en septiembre de 2017 lanzó una "consulta nacional" sobre lo que denomina el "plan Soros", un supuesto complot del millonario estadounidense para introducir en Europa a un millón de refugiados cada año.

De hecho, la campaña electoral para las legislativas del pasado 8 de abril estuvo marcada por los mensajes alarmistas del Gobierno que aseguraba que si el Fidesz no ganaba las elecciones "el país se llenaría de refugiados".

Tras ganar esos comicios con mayoría absoluta, Orbán anunció una nueva legislación, aún más restrictiva, contra las ONG, cuyo texto definitivo aún no se conoce pero de la que se sabe introducirá un impuesto extraordinario del 25 % a las ONG y restricciones al trabajo de los activistas, como limitarles el acceso a áreas donde hay inmigrantes.

Se espera que la ley sea sometida a votación la primera semana de junio.

"La ley debe imposibilitar todas las actividades que tienen como meta traer inmigrantes al territorio del país eludiendo las legislaciones actuales, hiriendo la soberanía nacional", adelantó ayer el Gobierno.

El propio Orbán aseguró tras su victoria electoral que esta futura ley, que se llama oficialmente 'Stop Soros' es un asunto de "seguridad nacional".

Hace una semana, más de 70 académicos húngaros redactaron una carta abierta contra la planeada legislación, asegurando que "tendrá consecuencias devastadoras para la sociedad civil húngara y para aquellas personas vulnerables que así no podrán contar con la ayuda de nadie".