El negociador jefe de la Unión Europea para el ‘brexit’, Michel Barnier, anunció este lunes que han acordado un periodo de unos dos años de transición después de que el Reino Unido abandone la UE, el 29 de marzo de 2019. El plazo transitorio durará 21 meses y durante ese tiempo Londres no participará en la toma de decisiones en la UE, pues ya no será un Estado miembro, pero deberá cumplir a rajatabla con la normativa europea. Además, los ciudadanos que lleguen a Reino Unido tendrán los mismos derechos que los que llegaron antes. En definitiva, el Ejecutivo de Theresa May pagará la factura de salida, acepta casi el 100% de las demandas de la UE sobre los derechos de los ciudadanos europeos y asume que tendrá que dar a Irlanda del Norte un estatus especial. Cede, pues, en casi la totalidad de los asuntos y lo hace con el objetivo de llegar a conseguir un buen tratado para el futuro.

El acuerdo ofrece varias ventajas. Primero, evita un ‘brexit’ duro. Segundo, da tranquilidad a los mercados. Tercero, mantiene la unidad de los 27 frente a las aspiraciones británicas. Cuarto, España mantiene su capacidad de veto sobre la situación de Gibraltar. Y quinto, los países de la UE logran que la salida definitiva sea después de la celebración de las elecciones europeas para evitar un posible contagio del populismo de los eurófobos. A cambio, el débil Gobierno de May consigue 21 meses de gracia para prepararse.