Los suizos aceptaron en referéndum facilitar la obtención de la nacionalidad para los nietos de los inmigrantes y rechazaron modificar el sistema fiscal del que se benefician las multinacionales, a pesar de que esta decisión puede acarrearle a Suiza entrar en la "lista negra" de la UE y la OCDE.

Con un 60,4 % de apoyo, según las cifras oficiales, y con mayoría ciudadana y de cantones (estados federales), la iniciativa presentada por el propio Consejo Federal (gobierno) ha sido refrendada.

De los 26 cantones, sólo 7 se opusieron a la reforma.

Es la primera vez que los suizos apoyan una modificación de estas características y sucede después de que en dos ocasiones anteriores, 1994 y 2004, los ciudadanos rechazaran en referéndum proyectos similares.

Con el texto aprobado, se modificará la Constitución para que los nietos de personas que inmigraron a la Confederación Helvética y cuyos padres ya crecieron en el país, puedan beneficiarse de un proceso acelerado, si bien no automático.

De hecho, el proceso seguirá siendo muy restrictivo y llevará tiempo, burocracia y dinero poder implementarlo.

Los opositores a la reforma, encabezados por el partido ultraderechista UDC, que en los últimos años ha ganado múltiples referendos restringiendo los derechos de los inmigrantes, aducían que el proyecto abriría la puerta a nacionalizaciones masivas y a la posibilidad de otorgar el pasaporte a terroristas.

Hicieron campaña con carteles que mostraban a una mujer vestida con niqab. Esta vez, la campaña no ha surtido efecto en la población y la reforma permitirá que poco menos de 25.000 jóvenes puedan solicitar la nacionalidad suiza, a los que se estima que se pueden llegar a agregar hasta unos 2.300 cada año.

La mayoría provienen de Italia, Turquía y de países de los Balcanes.

La ley solo concierne a los menores de 25 años que hayan nacido en Suiza, que hayan estado escolarizados al menos 5 años y que tengan un permiso de residencia válido.

Además, uno de sus padres deberá haber vivido en la Confederación al menos diez años, haber estado escolarizados un lustro, y haber tenido un permiso de residencia válido.

Adicionalmente, uno de sus abuelos deberá haber obtenido un permiso de residencia que deberá ser presentado como prueba, o haber nacido en la Confederación.

Igualmente, los jóvenes tendrán que demostrar que respetan el orden jurídico y los valores fundamentales de la Constitución; deben dominar al menos una lengua del país, y pagar personalmente sus impuestos. Las personas que perciban la ayuda social no podrán ser naturalizados.

Por otra parte, los helvéticos rechazaron también con claridad con un 59,1% de los votos la propuesta del Gobierno y del Parlamento de reformar el régimen fiscal de las empresas multinacionales.Sólo cuatro cantones la han aceptado.

Sistema tributario

El Ejecutivo había actuado presionado porque la OCDE y la Unión Europea (UE) consideran que el sistema tributario suizo para con las grandes corporaciones es demasiado beneficioso para éstas y por lo tanto representa una competencia desleal para el resto de países.

Sin embargo, el Partido Socialista se opuso argumentando que la reforma acabaría beneficiando a las empresas y perjudicando a los ciudadanos porque el contribuyente pagaría lo dejado de recaudar a las corporaciones, que podrían beneficiarse de otras rebajas tributarias.

Las empresas multinacionales -las llamadas sociedades holdings, sociedades de domicilio o sociedades mixtas- gozan de un "estatus especial" por el que se benefician de una tasa impositiva reducida, dado que pagan unos impuestos que oscilan entre el 7,8 y el 12 %.

Ante la amenaza de medidas de represalia, en 2014, Berna pactó con la UE abolir este "estatus especial" y modificar el sistema para que, de media, la presión fiscal se sitúe en torno al 14 %.

No obstante, muchos cantones se planteaban bajar el impuesto sobre los beneficios para poder seguir siendo fiscalmente competitivos, y las compañías habrían obtenido otros tipos de rebajas fiscales.

La medida hubiera afectado a unas 24.000 firmas instaladas en Suiza que emplean a unas 150.000 personas y contribuyen a la mitad de las tasas corporativas federales.

Ahora se abre la incógnita sobre si éstas permanecerán en la Confederación a pesar de la incertidumbre creada por el rechazo a la reforma o la abandonarán para instalarse en otro lugar.