Hombres armados asaltan la estancia del ministro de la Corte Suprema de Justicia
Los delincuentes no localizaron al político cuando accedieron a su casa, pero retuvieron durante 2 horas a los empleados.
Las autoridades investigan este domingo el asalto a la estancia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Zuccolillo, que no se encontraba en esta cuando irrumpieron en ella varios hombres armados que aseguraron pertenecer a la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El hecho ocurrió el sábado cuando unas cinco personas con armas de fuego y uniformes militares entraron en la estancia, en el norteño departamento de San Pedro, y retuvieron durante dos horas a los empleados, según el testimonio del capataz de la finca.
De acuerdo con esa fuente, los asaltantes preguntaron por la presencia de Garay Zuccolillo, quien no estaba en la finca. El portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el teniente coronel Víctor Urdapilleta, ha dicho este domingo que "ni aseguran ni descartan" que el asalto fuera obra del EPP o de delincuentes comunes, si bien ha subrayado que el comportamiento de los asaltantes no corresponde con el accionar de ese grupo.
"Llama la atención que cantaran estribillos de apoyo al EPP, ya que esta gente (la guerrilla) nunca lo hace y se limita a dejar sus panfletos", ha explicado el portavoz de la FTC, cuerpo de combate a la guerrilla.
Los asaltantes abandonaron el lugar en un vehículo propiedad de la estancia y tras robar varios teléfonos móviles, lo que según Urdapilleta tampoco es propio del EPP cuando realiza acciones semejantes.
El EPP tiene secuestrado desde hace dos años al policía Edelio Morínigo, desde hace más de un año al menonita Abraham Fehr y desde el pasado julio al también menonita Franz Wiebe, de 17 años. Además, y desde octubre está secuestrado el ganadero Félix Urbieta, al que las autoridades sitúan en poder de un grupo escindido del EPP.
También en el norte del país, la semana pasada un grupo de delincuentes secuestró al hijo de un ganadero a quien liberó el mismo día debido a la presión policial, que evitó que su familia pagara los 60.000 dólares exigidos por su puesta en libertad, según las autoridades.
