El Consejo constitucional francés, el máximo órgano jurídico galo, consideró que la asignación del régimen de residencia vigilada fijado por el estado de emergencia decretado en Francia tras los atentados del 13-N es conforme a la Constitución.

Esa medida permite al ministro del Interior fijar esa residencia vigilada, en el lugar que él decida, a toda persona cuyo comportamiento, compañías o declaraciones se presenten como una amenaza para la seguridad u orden público. Siete militantes ecologistas habían interpelado al Consejo constitucional sobre la adecuación de la misma.

Para el organismo, esa legislación responde a un motivo de interés general y no contraviene los derechos y las libertades garantizados por la Constitución, principalmente el derecho a manifestarse, porque no debe confundirse con un "confinamiento domiciliario".