La Fiscalía rumana no podrá investigar las sospechas de corrupción que pesan sobre el primer ministro socialdemócrata, Victor Ponta, después de que el Parlamento mantuviera este martes su inmunidad, una decisión calificada de "irresponsable" por el presidente conservador, Klaus Iohannis.

Los fiscales pretendían investigar las actividades de Ponta entre 2007 y 2011, cuando era abogado y diputado, debido a las sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal y conflicto de intereses.

Sin embargo, después de la votación parlamentaria, en la que 231 diputados votaron a favor de mantener la inmunidad y 120 en contra, la Fiscalía Anticorrupción no podrá continuar con sus indagaciones. Ponta, de 42 años y cuyo Gobierno de coalición de centroizquierda tiene mayoría en la Cámara, calificó ante los periodistas de "normal" el resultado de la votación y defendió que se había actuado según lo establecido por la Constitución.

La Fiscalía Anticorrupción anunció el pasado viernes que estaba investigando al primer ministro, lo que desencadenó una crisis política que, pese a la decisión adoptada hoy por el Parlamento, está lejos de cerrarse.

Tras la votación, el presidente Iohannis solicitó una vez más la dimisión de Ponta y criticó al Parlamento por bloquear la investigación. "Es una prueba de la máxima irresponsabilidad y falta de respeto a la opinión pública que la mayoría de los legisladores impidan que la Justicia cumpla su deber", subrayó el presidente en un comunicado. Iohannis venció de forma sorpresiva en las elecciones presidenciales del pasado noviembre a Ponta con un mensaje de decidida lucha contra la corrupción, algo que recordó en su comunicado.

"La mayoría parlamentaria rechaza aceptar la señal dada por los ciudadanos: frenar la corrupción y hacer una política con integridad y responsabilidad", destacó. En una rueda de prensa posterior, el presidente afirmó que era "un día triste para la democracia de Rumanía" y reiteró que la única salida posible pasa por la dimisión de Ponta como primer ministro.

La embajada de Estados Unidos afirmó en un comunicado que "las denuncias de irregularidades por parte de funcionarios del Gobierno deben ser plenamente investigadas sin interferencias, y la ley debe aplicarse a todos por igual".

En un encuentro con la prensa extranjera horas antes de la votación, Ponta se declaró víctima de un complot forjado por la oposición de centroderecha y la Fiscalía Anticorrupción para desalojarlo del poder.

"Queremos vivir en un país en el que los gobiernos cambien sólo por el camino legal y constitucional, es decir, por elecciones o por votación del Parlamento, y no por la actuación de un fiscal o por otros métodos que representan un golpe de Estado", dijo Ponta.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Ponta recibió 50.000 euros en 2011, un año antes de ser elegido jefe del Gobierno, de un antiguo socio, Dan Sova, al que luego nombró ministro. La investigación sostiene que para justificar esos ingresos, Ponta emitió facturas falsas con fecha de 2007 y 2008 por supuestos trabajos de asesoría legal para el bufete de Sova.

El próximo viernes, Ponta deberá superar una moción de censura presentada por el opositor Partido Nacional Liberal, en la que se prevé que triunfe una vez más gracias a la mayoría parlamentaria de la que goza la coalición de centroizquierda. El cerco judicial a políticos cercanos al primer ministro ha marcado los últimos meses de la política rumana: trece miembros de los distintos gobiernos de Ponta desde 2012 han sido condenados o están siendo investigados por la Justicia.

Tampoco la familia de Ponta se libra del escrutinio: su suegro está acusado de la restitución ilegal de decenas de hectáreas de bosques y su cuñado de fraude con fondos europeos. Asimismo, Ponta ha soportado el escándalo que supuso la acusación de plagio de su tesis doctoral, destapado por la revista científica "Nature", lo que le obligó el pasado diciembre a renunciar al título de doctor.

La Comisión Europea ha reconocido en los últimos meses los avances de Rumanía en la lucha contra la corrupción, que ha conllevado numerosas condenas de destacados ex políticos, pero exige que se mantenga el camino emprendido.