Cinco hombres han sido acusados este jueves en relación con el ataque islamista en la Universidad de Garissa, en el noroeste de Kenia, en el que murieron 148 estudiantes.

Cuatro hombres de nacionalidad keniana y un tanzano han sido acusados en un tribunal por conspirar para cometer "un acto terrorista en la Universidad de Garissa" y otros delitos relacionados, según documentos mostrados por el tribunal. De momento, son las primeras personas acusadas formalmente por el ataque.

El magistrado, Daniel Ogembo, ha informado de que el 11 de julio se celebrará una audiencia para dictaminar si concede la libertad bajo fianza a los acusados del peor ataque que ha vivido el país desde la bomba de Al Qaeda en la Embajada estadounidense en 1998.

El asalto al campus de Garissa el pasado 2 de abril por parte de miembros de la milicia terrorista Al Shabaab ha aumentado la presión sobre el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, para que incremente las medidas de seguridad en las fronteras y en otras regiones del país.

Kenyatta ha recibido fuertes críticas por no hacer demasiado para frenar la avalancha de ataques de Al Shabaab. Varios diplomáticos y expertos señalan que los servicios de seguridad no se coordinan adecuadamente debido a rivalidades y a las tácticas de detenciones masivas de la Policía, que socavan los esfuerzos para crear una red de inteligencia sobre las células milicianas. Colegios cerrados

Los efectos del ataque todavía se sienten en el condado de Garissa, donde casi dos tercios de los colegios se han visto obligados a cerrar ya que los estudiantes, muchos de ellos de otras regiones, no quieren desplazarse hasta allí, según han informado las autoridades locales.

"Hay alrededor de 96 escuelas que han cerrado en un lapso de un par de semanas debido al temor por la seguridad", ha afirmado el comisionado del condado de Garissa, Harun Rashid Jator, a lo que ha agregado que en total son más de 150 colegios de primaria y secundaria en todo el condado.

Alrededor de 1.300 profesores trabajan en colegios y muchos de ellos han rechazado regresar a sus puestos, siendo los centros de primaria los más afectados. Jator ha asegurado que los esfuerzos por contratar a nuevo personal "han tenido una respuesta muy pobre".

El gobernador del condado, Nathif Jama, ha informado de que está pidiendo ayuda al Gobierno central. "Esto va a afectar a la economía futura y a la vida social en este área si el Gobierno nacional no lo afronta con urgencia en este mismo momento", ha afirmado.Un ministro acusado de corrupción

Un ministro del Gobierno keniano, que había sido suspendido, ha sido acusado este jueves por malversación de fondos públicos en un proyecto de carreteras, convirtiéndose en la primera autoridad de alto rango en comparecer ante un tribunal en la campaña contra la corrupción.

El ministro de Transporte e Infraestructuras, Michael Kamau, era un secretario permanente en el momento del incidente entre 2007 y 2008, por lo que ha sido acusado de "abuso de autoridad" en la gestión de rediseño de las carreteras, aunque él ha negado todos los cargos.

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyataa, que ha recibido fuertes críticas por no cumplir la promesa electoral de 2013 para frenar la corrupción, anunció en marzo que los funcionarios señalados por una investigación anticorrupción tendrían que apartarse de su cargo durante la pesquisa.

Poco después de estas declaraciones, la Comisión de Ética y Lucha contra la Corrupción publicó un informe en el que detallaba presuntos delitos contra 175 miembros del Gobierno. Como resultado cinco ministros dejaros sus puestos en los días siguientes, aunque algunos de ellos ya han demostrado su inocencia.

Cuando el secretario del tribunal ha leído los cargos por lo que se le acusa, Kamau ha respondido: "Eso no es cierto". Poco después, el magistrado, Lawrence Mugambi, ha ordenado su puesta en libertad bajo fianza. Junto a él han comparecido otros dos funcionarios públicos bajo acusaciones similares. La próxima audiencia tendrá lugar el 16 de junio.

La corrupción en Kenia está considerara como el mayor obstáculo para los negocios y la aplicación de la ley, lo que disuade la inversión y debilita los esfuerzos para hacer frente a los ataques de milicias islamistas.