El Gobierno francés aprobó este miércoles un controvertido proyecto de ley que persigue impulsar la economía a través de un "ambicioso" paquete de reformas para eliminar trabas al desarrollo de ciertos sectores y facilitar el acceso a profesiones reguladas, principalmente jurídicas.

Bautizada en los medios como "ley Macron" -por ser obra del ministro de Economía, Emmanuel Macron-, la normativa será sometida a partir del 22 de enero al debate parlamentario, que se presenta complicado por la oposición del frente izquierdista del propio Partido Socialista (PS).

La medida que más ampollas ha levantado en el seno disidente de la mayoría gubernamental es la relativa a la apertura de los comercios los domingos, que se amplía de cinco a doce anuales y permite la creación de más "zonas turísticas internacionales" en las que esta sea posible todo el año.

Ese punto, rechazado también por los sindicatos o por la Alcaldía de París -que pierde competencias en la autorización de esos horarios-, contempla una compensación obligatoria para los trabajadores, aunque se confía en que sirva de apoyo al sector turístico y revitalice la actividad a través del aumento del consumo.

Para sus detractores, tal y como lo afirmó este miércoles en un artículo de opinión en el diario "Le Monde" la excandidata presidencial y actual alcaldesa de Lille, Martine Aubry, no se trata solo de una "reforma subalterna", sino de un cuestionamiento de los principios de la izquierda.

"Muchas críticas se han olvidado de que la ley no obliga (ahora) a una compensación y de que este texto las introduce", ha replicado Macron en la presentación del paquete, que debe -consideró- ponerse en práctica con rapidez "porque la situación económica del país así lo requiere".

El primer ministro, Manuel Valls, que detalló junto a Macron el proyecto, insistió en que este no sirve más que al "interés general" con el objetivo de "desatascar" el país, que registra un nivel de paro cercano al 10 por ciento y una deuda pública del 95,6 % del Producto Interior Bruto.

La nueva ley prevé también facilitar el ejercicio de ciertas profesiones liberales, como notarios y abogados, para corregir las tarifas, simplificar la instalación de nuevos profesionales y garantizar una mejor cobertura territorial de ese servicio en beneficio de los ciudadanos.

Otro punto que enfrenta al Ejecutivo con los sectores afectados, en este caso las sociedades concesionarias de autopistas, es el que apuesta por reforzar la regulación de las tarifas de los peajes, que han aumentado un 25 % en los últimos diez años, y por garantizar un mejor acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado.

La ley se dispone además a estimular las inversiones y acelerar los grandes proyectos, con la simplificación de los trámites y permisos necesarios, así como a agilizar las opciones de venta de las participaciones del Estado para dinamizar la economía.

La presentación del proyecto en el Elíseo, con los titulares de Economía, Trabajo, Justicia, Finanzas y Vivienda, refleja el calado que se otorga a este paquete, equivalente en importancia al plan de ahorro de 50.000 millones de euros para 2017 y al que previó la reducción de 22 a 13 en el número de regiones.