El asesinato de un alto mando policial eleva la inestabilidad en Egipto

El asesinato de un alto mando de la Policía puso este martes de manifiesto el clima de inestabilidad que reina en Egipto, donde el expresidente Mohamed Mursi asistió al inicio de un nuevo proceso desafiando otra vez a las autoridades judiciales.

Dos hombres armados que se trasladaban en una motocicleta abrieron fuego con armas automáticas contra el director de la oficina técnica del Ministerio del Interior, general Mohamed Said, cuando salía de su casa en El Cairo.

Los atacantes se dieron a la fuga tras acribillar a Said en la avenida de las Pirámides, una de las arterias del distrito cairota de Guiza.

El responsable policial ocupaba un importante cargo en Interior, ya que trasladaba las órdenes del ministro, Mohamed Ibrahim, al resto de funcionarios y departamentos.

Fuentes de seguridad destacaron que el nombre del director de esa oficina suele permanecer en secreto debido a su relevante función, por lo que mostraron su sorpresa por que los asesinos conocieran la identidad de la víctima.

En otro suceso, un sargento de la Policía murió y otros dos agentes resultaron heridos tras recibir los disparos de un grupo armado frente a una iglesia en el 6 de Octubre, una ciudad dormitorio vecina a la capital egipcia.

En reacción al atentado contra Said, el primer ministro egipcio, Hazem al Beblaui, afirmó que este tipo de crímenes solo logran "impulsar la determinación de las autoridades para combatir el terrorismo".

Desde el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi por el golpe de Estado militar del 3 de julio de 2013, los ataques contra los efectivos de las fuerzas del orden se han multiplicado en Egipto, sobre todo en la península del Sinaí, donde este martes su principal gasoducto fue blanco de un nuevo acto de sabotaje con explosivos.

El propio ministro de Interior salió ileso de un atentado en la capital el pasado septiembre, mientras que en noviembre fue tiroteado el oficial de la Seguridad Nacional Mohamed Mabruk, responsable del seguimiento de grupos extremistas.

En ese escenario, las autoridades no dan tregua en su lucha contra los Hermanos Musulmanes, a los que declararon "grupo extremista" a finales del año pasado, y este martes detuvieron a 17 personas vinculadas a la cofradía por supuesta posesión de cócteles molotov mientras protestaban frente al Tribunal Supremo.

Los islamistas exigen la vuelta al poder de Mursi, quien este martes reapareció en el comienzo de un nuevo juicio en su contra.

En este caso, Mursi es procesado por escaparse de la prisión de Wadi Natrun durante la revolución de 2011 (que derribó al presidente Hosni Mubarak tras 30 años en el poder), asesinar supuestamente a policías y atacar instalaciones de las fuerzas del orden, entre otros cargos.

Mursi, que llegó en helicóptero desde una prisión cerca de la ciudad de Alejandría a la Academia de Policía de El Cairo (donde se celebra el juicio), volvió a presentarse disconforme ante el tribunal.

Vestido con uniforme blanco de recluso y no con el traje que lució en su primera y anterior comparecencia en el proceso que afronta por la muerte de manifestantes, Mursi se negó a reconocer al tribunal que lo procesa.

"¿Sabe usted quién soy yo? Soy el presidente legítimo de este país", espetó a la corte el exmandatario, que dijo ser un preso político.

Tras haberse negado a tener un abogado defensor en su estrategia de desacato, Mursi encargó este martes al intelectual islamista y excandidato presidencial Mohamed Selim al Awa que prepare los alegatos para demostrar que el tribunal que lo juzga no es competente, según fuentes de los Hermanos Musulmanes.

Al Awa defendió a varios integrantes de la cofradía durante el régimen de Hosni Mubarak (1981-2011), aunque ha negado cualquier vinculación con el grupo.

Junto a Mursi también están acusadas otras 130 personas, de las que solo una veintena asistió a la vista y gritó consignas contra las autoridades.

El resto está siendo juzgado en rebeldía, entre ellos miembros del movimiento islamista palestino Hamás y del grupo chií libanés Hizbulá.

Además de este juicio, que fue aplazado al próximo 22 de febrero, el expresidente tiene otras tres causas pendientes: por asesinato de manifestantes en diciembre de 2012, por insultar al poder judicial y por revelar secretos de Estado y conspirar para perpetrar atentados terroristas en Egipto.