Argentina

Una nueva huelga ferroviaria reabre el debate sobre el transporte en Argentina

El país vive un duro enfrentamiento entre los sindicatos y el Gobierno Central y Porteño.

Una nueva huelga inesperada de trenes en Argentina provocó este jueves un duro cruce de acusaciones entre el Gobierno y los sindicatos y reavivó la polémica por las deficiencias del servicio de transporte en Buenos Aires y su área metropolitana.


La línea Sarmiento, que une el oeste de área bonaerense y la capital argentina y es utilizada a diario por unos 400.000 viajeros, interrumpió sus servicios en la hora punta de la mañana por una huelga laboral.


"Hace ya más de dos meses que se venció el plazo de la conciliación obligatoria, acatamos todos los plazos que por ley se dan y no tuvimos ninguna respuesta", justificó ante la prensa el dirigente sindical José Luis Moyano.


Moyano negó que el paro fuese una respuesta a la difusión el miércoles de imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en las cabinas de los trenes que mostraron a un maquinista dormido con el tren en marcha y a otros usando teléfonos móviles, leyendo o tapando las cámaras de seguridad.


El ministro del Interior y Transporte de Argentina, Florencio Randazzo, calificó el paro de "irracional y vergonzoso" y atacó a los maquinistas, de los que dijo que son "señores que cobran 20.000 pesos (2.750 euros) de bolsillo que le están jodiendo la vida a miles y miles de pasajeros".


"Ayer mostramos vídeos que daban escalofríos y hoy nos levantamos con un paro sorpresivo", añadió Randazzo en declaraciones a una emisora de radio.


Además de difundir imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el ministro de Transporte anunció un acuerdo con China para instalar un sistema de frenado automático en los convoyes y nuevas medidas de control de los conductores.


Se trata de la segunda huelga por sorpresa en menos de un mes, después de que la paralización del servicio ferroviario el pasado 3 de julio en protesta por la instalación de cámaras en las cabinas provocase un caos de tránsito en la capital argentina.


Alrededor de 2,7 millones de personas usan a diario el tren para desplazarse entre Buenos Aires y su poblada área metropolitana, en la que viven más de nueve millones de personas.


La línea Sarmiento fue escenario del peor accidente ferroviario de las últimas décadas en Argentina, cuando en febrero del año pasado 51 personas perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas cuando el tren en el que viajaban se empotró en un andén de la estación porteña de Once, una de las más transitadas.


Poco después del accidente, el Gobierno presidido por Cristina Fernández retiró la concesión de la línea Sarmiento a la compañía Trenes de Buenos Aires (TBA) y prometió una "revolución en el transporte" con la compra de nuevas unidades ferroviarias a China y mejoras en la seguridad.


Sin embargo, las mejoras quedaron en entredicho a principios de junio, después de que el choque de dos trenes en la misma línea causase la muerte de tres personas y heridas a más de 300 en Castelar, al oeste de la capital argentina.


Los exsecretarios argentinos de Transporte Sergio Schiavi y Ricardo Jaime estarán como imputados en el juicio por accidente de Once por su presunta falta de control de las condiciones de funcionamiento y utilización del material rodante y las infraestructuras.


Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009, está relacionado además con quince procesos por distintos casos de corrupción.


Los problemas de transporte que sufre Buenos Aires alcanzan a todos los medios de la capital argentina, en la que viven casi tres millones de personas.


Con el fin de aliviar el congestionado tráfico porteño, el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, inauguró hace unas semanas el segundo corredor exclusivo de autobús de la ciudad, conocido como Metrobús, y dos nuevas estaciones de metro.


Sin embargo, los trabajadores del metro se niegan a llevar los trenes en las nuevas estaciones por razones de seguridad, mientras que el Gobierno porteño les acusa de responder a intereses partidistas.


El Gobierno nacional y el porteño vivieron un largo enfrentamiento en 2012 por la gestión del metro que tuvo como punto culminante una huelga de diez días que dejó sin servicio al casi millón de personas que lo usan a diario y colapsó la ciudad.