Son silenciosos y dicen que precisos. Los aviones no tripulados ("drones") que EE.UU. ha empleado durante una década de forma subrepticia para eliminar supuestos terroristas han salido de la sombra al centro de la polémica y han puesto en entredicho el tono pacifista del presidente Barack Obama.

La revelación esta semana de la existencia de una base secreta de "drones" en Arabia Saudí y la filtración de un documento del Departamento de Justicia sobre la justificación legal para abatir en el extranjero a ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo han hecho que el programa invisible sea más evidente que nunca.

Además, la audiencia de confirmación de John Brennan, designado por Obama para dirigir la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), ha dejado en el aire muchas preguntas sobre la legalidad y la continuidad de un programa iniciado durante el gobierno de George W. Bush, aunque ha sido su sucesor, el actual presidente, quien le ha dado un impulso decisivo.

"Al igual que el Gobierno de Bush, el Gobierno de Obama está utilizando el argumento erróneo de la 'guerra global' que, en esencia, sostiene que el mundo es un campo de batalla y los derechos humanos no se aplican y esto es inaceptable", dijo a Efe Zeke Johnson, director de seguridad con la organización Human Rights Campaign en EE.UU.

En su opinión, el programa de asesinatos selectivos de supuestos terroristas "permite realizar ejecuciones extrajudiciales en violación de la ley internacional prácticamente en todo el mundo".

Johnson subrayó que todos los gobiernos tienen la obligación de "respetar, proteger y cumplir" los derechos humanos, "incluido el de respeto a la vida".

El programa de aviones no tripulados tiene sus raíces en los años noventa, cuando se utilizaban desarmados para espiar a Al Qaeda en Afganistán.

Sin embargo, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Bush ordenó que "drones" armados aniquilaran a líderes de Al Qaeda, primero en Afganistán y luego en Yemen y Pakistán, que ha sido el centro de los ataques selectivos contra supuestos terroristas.

Bush ordenó entre 2004 y 2009 un total de 44 ataques en la zona noroeste de Pakistán, pero desde que Obama asumió su cargo ha acelerado este programa, que en sus dos primeros años cuadruplicó aquella cifra de ataques, según un estudio de Peter Berger y Katherine Tiedemann del centro de análisis New America Foundation.

Dixon Osburn, director del departamento legal y de seguridad de Human Rights First, expresó su preocupación con el hecho de que EE.UU. "se esté quedando atrapado en una perpetua guerra global expandiendo sus operaciones de 'drones' armados en todo el mundo".

A juicio de Osburn, el incremento del uso de esos aviones está "dejando atrás las normas legales que rigen los gobiernos" y teme que la posición de EE.UU. pueda establecer las reglas sobre derechos humanos para otros países.

Algunos expertos coinciden en señalar que los "drones" son igual que cualquier otra arma de guerra pero la cuestión, según Osburn, es la legalidad de hacer listados de personas para ser ejecutadas sin juicio previo.

El Departamento de Justicia justificó en un memorándum divulgado esta semana la muerte de ciudadanos estadounidenses en el extranjero cuando se trate de un "líder de alto rango, a cargo de operaciones" de Al Qaeda o uno de sus afiliados y suponga una amenazada "inminente" para EE.UU.

Según Osburn, la filtración del documento del Departamento de Justicia puede haber sido un intento de presión a la administración para que explique su programa de ejecución de terroristas antes de la confirmación de Brennan, al que se le atribuye ser el arquitecto del programa de los "drones".

En su audiencia de confirmación, Brennan aseguró que está dispuesto a fomentar el debate público y garantizó que si es confirmado como director de la CIA rendirá cuentas y hará "todo lo posible para satisfacer los intereses y las peticiones legítimas" del Congreso.

"Lo que está claro es que el Gobierno de Obama tiene que publicar más detalles legales y los hechos sobre el programa de drones", dijo Johnson, quien señaló que el Congreso tiene un papel destacado para convocar audiencias públicas que aborden el programa y los derechos humanos. Añadió que el Gobierno estadounidense debería seguir la ley internacional para usar la fuerza letal.