MEDIO AMBIENTE

6 denuncias diarias entre julio y septiembre por acampadas ilegales

La operación Tortuga se saldó con 350 infracciones, detectadas en su mayoría en Ordesa y su entorno.

Imagen de una acampada ilegal junto al embalse de Mequinenza.
6 denuncias diarias entre julio y septiembre por acampadas ilegales
HERALDO

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil interpuso en la provincia de Huesca un total de 350 denuncias por acampadas ilegales, lo que supone una media de casi 6 infracciones diarias, la mayor parte de ellas registradas en el Pirineo y, más concretamente, en Ordesa y su entorno.

 

Este es el balance de la operación Tortuga desarrollada durante el pasado verano por la Benemérita, un operativo que ya se realizó en los años 2006 y 2007 y que tiene como objetivo "la vigilancia y control de las acampadas libres en espacios naturales, especialmente en determinadas zonas de la provincia donde se producen de forma masiva, lo que provoca un gran deterioro del entorno", según explica el teniente Arturo Notivoli, jefe de los grupos del Seprona en el Alto Aragón.

 

Pese a que en los últimos años no se había activado esta operación especial, el responsable del Seprona destacó que "quizás debido a la crisis económica, este año se ha notado un incremento de los que practican la acampada libre respecto a 2010 y 2009".

 

Y una de las áreas donde más proliferan estas conductas, a tenor de los resultados del dispositivo llevado a cabo en los últimos meses, es la del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. De hecho, de las 350 infracciones administrativas notificadas, 182 corresponden a la demarcación del destacamento del Seprona en Ordesa. No obstante, Notivoli puntualizó que el territorio que abarca esta unidad no se limita al espacio protegido, sino que abarca buena parte de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza.


Entre los casos registrados, los había en alta montaña, en dominio hidráulico (junto a los cauces de los ríos, por ejemplo), e incluso los agentes se encontraron con campamentos "bastante numerosos" promovidos por una asociación juvenil y que carecían de los permisos necesarios. En concreto, localizaron tres asentamientos de este tipo en Pineta que estaban ubicados en zonas inundables, otro en la zona del Cornato y uno más en un lugar próximo. A todos ellos "se les avisó de que corrían peligro y de que estaban cometiendo una ilegalidad", comentó el teniente. Asimismo, añadió, se pusieron estos hechos en conocimiento de la autoridad competente, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Ebro y el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, para que tomaran las medidas que considerasen oportunas.


En este sentido, el responsable del Seprona recordó que según el reglamento de 2006 que regula esta materia en Aragón, está prohibido acampar a menos de 100 metros de embalses, lagos, lagunas o riberas de ríos, al igual que en un radio de 150 metros en torno a las tomas de agua, junto a las vías del tren o al lado de las líneas eléctricas de alta tensión.

'Raves' junto a pantanos


A Ordesa y su entorno le siguieron en número de denuncias la sierra de Guara y la Jacetania. La patrulla de Monzón también tuvo mucho trabajo, ya que su ámbito de intervención se extiende desde el Somontano hasta La Litera. En esta última comarca, ya en el límite con Lérida, los agentes debieron actuar en varias 'raves' (fiestas clandestinas) que se celebraban en el entorno de los embalses de Santa Ana y Canelles.


También cabe destacar la presencia de algunos acampados a orillas del pantano de Mequinenza, aunque en este caso las razones son menos lúdicas. Normalmente, se trata de pescadores furtivos que se instalan en la zona durante varios días.


Los denunciados durante el verano por participar en acampadas no autorizadas son en su mayoría españoles, mientras que el resto procede de otros países europeos.


En cuanto a las sanciones, las leves oscilan entre los 60 y los 600 euros, las graves van de 601 a 3.000 y las muy graves pueden llegar a los 60.000. Pero además, estas conductas suelen llevar aparejadas otras infracciones en materia de residuos, agua o biodiversidad. Las comarcas, que son las que tienen competencia para autorizar los campamentos, están empezando a reclamar el restablecimiento del entorno a su estado anterior.