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El Consistorio de Garray abrirá un expediente por los 118.000 euros de deudas sin cobrar

El pleno declaró extintos esos pagos tras haber prescrito sin que la Administración los hubiese reclamado.

Fachada del Ayuntamiento de Garray
Fachada del Ayuntamiento de Garray
Mariano Castejón

El pleno del Ayuntamiento de Garray ha acordado "incoar el correspondiente expediente administrativo a los efectos de terminar la posible existencia de una actuación culposa en la administración de los recursos" tras declarar extinguidas deudas prescritas con el Consistorio por valor de 118.000 euros.

Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas de naturaleza pública prescriben a los cuatro años si la Administración no ejercita su derecho a exigir el pago de las mismas.

Con este trámite, el Consistorio de Garray declaró extintos los pagos no realizados por ocho deudores por una cantidad de 118.748 euros, cuyos apuntes se remontan hasta 1993. Estos se refieren a diversas cantidades por tributos que el Ayuntamiento debería haber ingresado. El más abultado es el de la licencia de primera ocupación de la constructora de la urbanización El Dinosaurio, con 72.121 euros, que data de 2002 y prescribió en 2006.

Durante esos cuatro años, el Consistorio no habría reclamado esas deudas, lo que ha derivado en deudas no ingresadas por 118.000 euros. Es un 10% del presupuesto con el que cuenta el municipio de este año (1,1 millones de euros).

También aparecen apuntes de otras instituciones, como 20.122 euros a nombre de la Diputación Provincial de Soria en concepto de deudas tributarias de 1993 a 2012 y 11.719 euros de la Junta de Castilla y León por una subvención del aula arqueológica, cuya prescripción comenzó en el año 2000. Según el apunte del pleno, las deudas tributarias de la Diputación son "incobrables/errores". Detalla que "se ha podido cobrar, pero no se ha realizado la fase IE". En cuanto a la Junta, dice que "se presupuestó el derecho reconocido pero no se produjo el ingreso por falta de justificación". Cuestionada por estos apuntes, la alcaldesa del municipio, María José Jiménez, asegura que son debidos a "errores administrativos". Es decir, según su versión, el ingreso se habría realizado, como "en el caso del aula", aunque no así el trámite preciso para dar cuenta de ello.

Hay otros 2.900 euros, "incobrables", de "varios contribuyentes" por "deudas publicidad y varias", cuyo plazo de prescripción comenzó en 1993. También otros 3.400 euros de tres deudores por el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y 7.500 euros de una renta de fincas rústicas que cumplió los cuatro años sin que se reclamara en 2011. Todas ellas se han declarado extinguidas y se han dado de baja en las cuentas.

El acuerdo del pleno incluye valorar si existe "una actuación culposa de la administración de recursos y demás derechos de esta Hacienda Pública". En caso afirmativo, el paso siguiente sería "la tramitación del correspondiente expediente de perjuicio de valores".

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